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Tensiones y fragmentación en la Bolivia contemporánea: La polarización en tiempos de globalización.

Roberto Vila De Prado*

Publicado el: 08/06/08

    

En el presente artículo se analizan los ejes de conflicto que vive Bolivia en la hora actual, describiendo las características y comportamientos de los actores y sus estrategias.

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I – MARCO INTRODUCTORIO

En todas las sociedades humanas hay relaciones sociales conflictivas, aunque no todos los conflictos son manifiestos y abiertos: algunos permanecen ocultos y otros se desarrollan siguiendo los carriles institucionales.

Los conflictos no son una esencia, sino el resultado de las interacciones grupales y de las condiciones donde se producen estas interacciones. Ellos pueden ser recurrentes o aflorar en determinadas coyunturas. Según Mouffe, hasta en sociedades que pretenden haber alcanzado altos grados de consenso, el conflicto se hace inevitable, porque en una sociedad global existen diferentes formas de entender la ciudadanía (Bello, 2004: 26).

Los conflictos son producidos y mediados por relaciones de poder y expresan la correlación de fuerzas de los actores políticos. Esto los convierte en importantes registros para leer los problemas sociales e indagar su naturaleza. Por otra parte, no siempre son perjudiciales, porque en muchos casos han sido agentes de importantes transformaciones económicas y sociales.

1. El conflicto en situaciones de polarización

La polarización implica la lucha sin mediaciones y pone de manifiesto la quiebra de los mecanismos para la institucionalización del conflicto. Ella puede tener su origen en la existencia de grandes diferencias en lo socioeconómico o en lo étnico-religioso, situaciones que transforman los conflictos en una lucha violenta e irreconciliable.

También la polarización puede ser algo planeado por uno, o por los dos grupos enfrentados, generalmente conducidos por líderes extremistas opuestos al pluralismo político y al multiculturalismo racial, en definitiva a la aceptación de las reglas del juego democrático.

De acuerdo con Reseneau, la turbulencia política contiene ciertas características definitorias:

a. “menor estabilidad y predictibilidad; mayor incertidumbre de los actores políticos sobre las motivaciones y el comportamiento de los otros grupos;
b. fluctuación más rápida y frecuente de las interrelaciones o interconexiones diplomáticas e internacionales;
c. la necesidad de adaptación y aprendizaje permanente sitúa a los actores bajo una presión muy incrementada, de modo que es necesario el desarrollo de unas potentes capacidades de liderazgo, negociación, autoridad y compromiso;
d. la interdependencia entre los actores es tan grande que cualquier evento puede provocar una conmoción que reverbere en todo el entorno por caminos inesperados” (Prats, 2000).

Cuando la polarización alcanza un alto grado de intensidad, puede ocurrir que el conflicto se resuelva dentro de los marcos constitucionales, o bien que se intensifique hasta desarrollarse alcanzando el nivel de las cuestiones de soberanía.

La definición de Clausewitz, K. (1972: 38), según la cual, la guerra es un acto de fuerza para obligar al enemigo a obedecer nuestra voluntad, tiene hoy plena vigencia en los sistemas políticos caracterizados por la polarización de fuerzas.

Según el polemólogo David Galula, en el campo de la política, cualquiera fuere la causa, “existirá una minoría activa a favor de la causa, una mayoría neutral y otra minoría activa que se opone a la causa” (Claessen, 2007: 90).


Sin caer en explicaciones basadas en teorías conspirativas (como las llamadas guerras de cuarta generación) se puede adoptar el modelo anterior para representar la forma en que las minorías activas intentan instalar sus imaginarios en una ciudadanía agobiada por el trabajo cotidiano, y que no puede ejercer su derecho a la información sin grandes costos económicos y de energía. La citada instalación se efectúa a través de los medios masivos de comunicación (Véase fig. 1)

Desde luego que la mayoría no permanece neutral, de acuerdo con lo acumulado en su memoria colectiva, y con las circunstancias sociales y culturales, sus miembros se orientarán hacia uno de los dos polos.

Las estrategias basadas en la acción psicológica tratan de obtener el poder político (o conservarlo) creando un clima de miedo. Esto se consigue a través de rumores, filtraciones de información, censura y propaganda. El miedo inmoviliza, bloquea tanto la capacidad de análisis como los esfuerzos para dialogar. La guerra mediática obedece a una socialización del miedo (Sierra Caballero, 2003: 261).

En aquellas sociedades, donde hay un empate de fuerzas, es importante el paso del tiempo. Dice Kriele (1980: 37), refiriéndose a una determinada fase de la Revolución Francesa:

“El tiempo tiene un efecto curativo y pacificador. Uno se acostumbra a la nueva situación, se adapta a las nuevas condiciones, disminuye el miedo frente al adversario; cuando no se produce el ataque esperado, con lo cual disminuye también el odio, uno comienza a ver los lados positivos de la nueva situación y, finalmente, crece una nueva generación para la cual la validez de la constitución es algo obvio y que sólo conoce, por los libros de historia, las antiguas relaciones de legitimidad”.

Al igual que en la guerra fría, en situaciones de polarización, se hace necesario mantener el secreto de Estado para que el enemigo no se aproveche de aquella información que puede beneficiarlo. Luego, sólo pueden tener acceso a la información importante los altos dirigentes; y, la posesión del secreto, les otorga un gran poder. La actividad política se convierte en algo oculto que puede quedar bajo el control de sectas, mafias y cofradías (Mires, 1996: 124).

Como corolario, tenemos el predomino de la democracia delegativa sobre la democracia deliberativa, lo que hace que los altos funcionarios sólo consulten a sus colaboradores inmediatos, y que la deliberación se reserve para asuntos menores (Mires, 1996: 125).

2. La función de la ideología

Los seres humanos – dice Zavaleta (1986: 45) – no pueden vivir las cosas sin representarlas. Es decir, sin traducirlas mediante un discurso que exprese a través de conceptos una visión del mundo, y nadie está dispuesto a sacrificar su visión sino es por la fuerza de algo importante e imponente.

Esta visión suele tomar la forma de una ideología interior y de una ideología de emisión. La primera permanece oculta, reservada al diálogo con los propios, la segunda busca la hegemonía y para ello se transmite hacia el exterior integrando el mundo de las formaciones aparentes (Zavaleta, 1986: 185). La misma clasificación la encontramos en Gouldner cuando dice que la primera “se basa en un conjunto específico y concreto de experiencias” y sólo se puede hablar de ella con quienes las han compartido; mientras que la segunda, en cambio, “implica proyectos legitimados que reclaman el apoyo de otros” (Gouldner; 1976: 276).

Una ideología siempre está referida al “otro”, ella hace posible:

- justificar las acciones de quienes la emiten, y
- movilizar a otros ganando su apoyo, o bien su tolerancia

La ideología expresa un conflicto entre la “autopreocupación egoísta de la parte y su deseo de proyectar una imagen de sí misma como altruista preocupada del grupo como un todo”, y esto se consigue ocultando su adhesión a sus intereses más privados y acentuando su responsabilidad con respecto al grupo (Gouldner, 1976: 351).

Sin embargo, a pesar de que presentan los intereses privados como si fueran bienes públicos para lograr poder de persuasión, no estamos frente a un simple engaño, “también son una tácita y genuina oferta de apoyo para diferentes grupos” (Gouldner, 1976: 278). Cuando la ideología de una clase es hegemónica, esto significa que ella ejerce la dirección intelectual y moral de la sociedad. Estamos frente a una síntesis más elevada que una simple alianza de clases. Se trata de un cemento que une a los distintos sectores sociales forjando una voluntad colectiva que funcionará como sujeto. Para ello, la ideología debe expresar no sólo los intereses corporativos de la clase hegemónica, sino también, y al menos parcialmente, los de las otras clases.

La ideología constituye a los individuos en sujetos mediante la llamada interpelación. Laclau señala que la elite dominante no sólo interpela a sus miembros, sino también a los grupos subalternos para lograr la dirección intelectual y moral, es decir la hegemonía:

“Una clase es hegemónica no tanto en cuanto logra imponer una concepción uniforme del mundo al resto de la sociedad, sino en cuanto logra articular diferentes visiones del mundo en forma tal que el antagonismo potencial de las mismas resulte neutralizado” (Laclau, 1980: 188).

Se trata de una autovisión que alude deliberadamente a los caracteres de una colectividad, los que son tratados como factores metafísicos que conforman la esencia inmutable de una comunidad, en suma un conjunto de prejuicios colectivos que suministran un soporte a la mentalidad prevaleciente (Mansilla, 2007: 80); pero que, al mismo tiempo, lleva a los sujetos del discurso a un estado de reflexión sobre fronteras (reales o imaginarias) que los diferencian de otros.

Las instituciones son sistemas de normas formales e informales, conjuntos de pautas que establecen el marco de restricciones e incentivos a las acciones humanas, y que hacen previsibles los comportamientos. El verdadero cambio institucional sólo puede ser el resultado de un proceso de aprendizaje social.

No obstante, el núcleo duro de la cultura son los hábitos y, cuando se trata de "hábitos", los cambios son muy lentos. Aquí se pone de relieve el papel de la educación, pero no de cualquier forma de educación. El término "educación" es una bolsa donde se agitan gatos de todo pelaje y, para colmo, en la oscuridad, todos parecen ser de color negro. Todo indica que es necesario un sistema educativo que incentive la competencia y la eficiencia adaptativa, lo que supone un cambio de valores, creencias y conductas.

3. Los medios en el mundo globalizado

Tanto el derecho a la libre expresión como el derecho a la información están en peligro debido a la concentración de los medios de comunicación, cuya propiedad está cada vez más en manos de unos pocos y poderosos grupos económicos (Ramonet, 2002).

Por otra parte, no son sólo los periodistas los que informan, porque no hay organización (ya sea económica, política, militar, religiosa, etc.) que no tenga un servicio de comunicación que emita sobre ella misma un discurso ampliamente favorable.

Además de las funciones de informar, educar y entretener, la acción de los medios masivos está orientada hacia la creación de ideologías y pautas de consumo. Hay casos que ilustran la puesta de los medios al servicio de los grupos económicos: El director de TF1, uno de los grandes canales de televisión de Francia, dijo:

"La función de TF1 es ayudar a Coca-Cola a vender sus productos. Lo que nosotros le vendemos a Coca-Cola es tiempo disponible de cerebro humano". Serge Dassault, dirigente de la fábrica de armamento Dassault-Aviation, explicó que adquirió el semanario L'Express y el cotidiano Le Figaro "para difundir ideas sanas [...] Hoy en día nos estamos arruinando a causa de la persistencia de ideas de izquierda" (Ramonet, 2005: 31).

La mezcla de actividades económicas con las labores de prensa, en un mismo grupo empresario, resulta contradictoria. Walter Wells (del grupo New York Times), citado por Ramonet (2005: 31), expresó que los directores de diarios reciben permanentemente directivas de los propietarios acerca de la repercusión que tendrá tal o cual noticia en el valor de las acciones del periódico.

Las nuevas técnicas permiten a los oligopolios transnacionales transmitir imágenes y sonido de alta calidad y desde sitios insospechados con contenidos que crean en el público satisfacción y sensaciones de cierta libertad, con la excusa de educar y entretener; cuando lo que en realidad buscan es que "la mayoría de la gente sienta, piense y se comporte como lo pautan las instituciones" (Herrera, 2004).

Por lo expuesto, los apocalípticos (Sartori, 1998: 135) vaticinan que la "hipermediación" nos privará de experiencias de primera mano y nos dejará a merced de las de segunda mano, sin tener en cuenta que el hombre sólo comprende de verdad aquellas cosas de las que tiene una experiencia directa.

Estos fenómenos acentúan lo que Walter Lippman llama la “fabricación del consenso”. Un hecho no es verdadero porque su formulación haya sido efectuada siguiendo criterios rigurosos y verificados, sino porque otros medios los repiten: “Si la televisión (a partir de una noticia o una imagen de agencia) emite una información y si la prensa escrita, y la radio, la retoman, es suficiente para acreditarla como verdadera”. La repetición en diversos medios produce como efecto la “confirmación” de la noticia (Ramonet, 1995).

Si bien los acontecimientos no son sistemáticamente codificados por los medios en una sola dirección, ellos son extraídos de un limitadísimo repertorio ideológico o representativo; y la elaboración de la información sigue una tendencia que coloca al hecho de manera que las cosas “signifiquen” en el marco de la ideología dominante.

Esta elaboración de la información se realizará a partir de “puntos de significación” que dan credibilidad y fuerzan a la lectura de los acontecimientos que el emisor desea promover. Aunque la transmisión no sea perfecta con relación al marco de referencia hegemónico, tenderá a producir “negociaciones” intrapersonales que reduzcan la posible disonancia cognoscitiva y eviten la decodificación de un modo contrahegemónico (Hall, 1981).

“A su vez, consumidores y opinión pública, enfrentan el desafío de tecno-burocracias privadas y estatales: los medios de comunicación y entretenimiento masivos que están modelando los desarrollos culturales; la publicidad que domina las opciones de consumo; la propaganda política que organiza las opciones políticas; y las tecno-burocracias estatales que controlan la coacción y amenazan la actividad privada” (Varas, 1995: 13).

Si bien a mayor concentración de la propiedad, más se estandarizan los signos, los medios deben tomar en cuenta los gustos de distintos públicos para llegar a audiencias cada vez más segmentadas. Las TIC han posibilitado un gran crecimiento de medios (como la radio y la televisión por cable) dedicados a lo local y regional, con contenidos adaptados a públicos específicos, apartándose de las opiniones estandarizadas de los medios masivos .

A medida que las organizaciones populares van tomando conciencia de la estructura de propiedad, el control y los contenidos de los medios masivos, van surgiendo diferentes formas de comunicación alternativa. Internet permite la generación de proyectos de esta clase Por su bajo costo, y por el hecho de que el Estado sólo puede ejercer un control mínimo sobre estos mensajes.

Es cierto que el computador conectado a la red escapa al control estatal y que esto ha sido visto como un elemento que refuerza la democracia, pero también escapan a dicho control flujos con información no recomendable, como los dedicados a la pornografía infantil o la emisión de mensajes racistas o sexistas .

Espacio público o esfera pública son conceptos que surgen en los albores de la Modernidad, cuando la humanidad tenía gran confianza en la razón. Hoy, el argumento racional es necesario, pero no suficiente. La opinión pública se “construye”, el “consentimiento” se fabrica, entran en juego la correlación de fuerzas, la negociación, la seducción. Desde gabinetes (War Rooms) integrados por especialistas, se conciben y se dirigen las campañas mediáticas.

El concepto “espacio público”, que en lengua inglesa se expresa public sphere, tiene como referencia a esos lugares donde se difundían las noticias de interés general y se llevaban a cabo debates: salones literarios, tabernas, parlamentos, clubes, en suma foros de ciudades y pueblos.

La noción “esfera pública” se refiere a la divulgación de información que en la época de las monarquías absolutas permanecía en secreto. Y, aun hoy, el periodismo pone ante la mirada pública asuntos que el poder preferiría mantener en reserva, que sólo fueran conocidos por círculos más limitados.

¿Ahora bien, es el espacio público algo único? Lo cierto es que la información circula por diferentes canales y se dirige a distintos sectores (o segmentos), por lo que se podría hablar de la existencia de una pluralidad de espacios públicos. Desde luego que esta dispersión de la información tiene su origen en el tamaño de las sociedades democráticas contemporáneas, en la complejidad de la estructura social y en la multiplicidad de intereses.

La exposición selectiva a los medios por parte del público, según su orientación ideológica y por ende según sus valores, contribuye al enclaustramiento de las opiniones y de los espacios físicos sociales en los que dichas opiniones se elaboran.

En el caso de Internet, cabe preguntarse si los ciudadanos estarán dispuestos a escuchar opiniones distintas a las que ellos sustentan, para así contribuir a la formación de una democracia plural. Según Gaëtan Tremblay, los segmentos de la esfera pública no se comunican necesariamente los unos con los otros.

“Cada ciudadano no participa más que en algunas de estas redes, en algunas de estas tribunas en las que se debaten cuestiones de interés general. El sindicalista se informa principalmente a través de los medios de su movimiento ideológico, frecuenta sobre todo las páginas web y los foros de discusión idóneos, participa en las asambleas sindicales y se expresa en los grupos de discusión de su entorno. El patrón, el cargo directivo, o el agricultor hacen lo correspondiente con su propio entorno, siguiendo las líneas de su pertenencia social” (Tremblay, 2006: 229).

Las organizaciones que disponen del dinero suficiente contratan a los mejores expertos para que hagan sondeos y elaboren estrategias de comunicación; y, como dice Tremblay (2006: 235, jamás dan explicaciones públicas.

Las TIC y las formas avanzadas de inteligencia artificial han transformado las pautas convencionales de interacción social y las formas de representación, así como los discursos, la organización de la producción y la cultura, y también los medios de dominación y control social.

No hay que olvidar las recomendaciones del Diagnóstico ETIC Bolivia (2006)::

“Las TIC así como generan una gran cantidad de oportunidades también requieren de una libertad de prensa responsable, donde el uso de las mismas no genere o promueva intolerancia, resentimiento y odio, por el contrario, debemos preservar valores como el diálogo y el respeto en la sociedad”.

No hay esfera pública sin esfera privada. El principio de la libertad de expresión se ve limitado por normas que intentan proteger la vida privada de las personas y la reputación de los ciudadanos. En lo que hace a las redes digitales, hay nuevas leyes que intentan regular la enorme cantidad de datos personales contenidos en los bancos informáticos de organizaciones públicas y privadas. Pese a ello, y especialmente después del atentado del 11 S, han aumentado las medidas de control y vigilancia que pueden legitimar las intromisiones del Estado en la vida privada por motivos de seguridad pública.

La expansión de las redes de Internet acarrea grandes ventajas muy fáciles de apreciar (Tremblay, 2006: 237):

- “la multiplicación de los foros de discusión ofrece posibilidades de expresión a una multitud de individuos y de grupos sobre los temas más variados;
- dicha multiplicación autoriza y facilita la creación de lugares semi-públicos, que en una difusión de ondas concéntricas de diversas amplitudes, en múltiples etapas, hace más permeable la frontera entre privado y público;
- el circuito de los medios de masas es sin embargo siempre necesario para asegurar un gran impacto sobre la opinión pública;
- Internet se revela como un instrumento eficaz de organización para la movilización tanto de los militantes y de los movimientos sociales, como de los partidos políticos tradicionales;
- es evidentemente una fuente cada vez más importante de información de todo género, pero de valor variable y no siempre verificable.”

En la medida en que los gobiernos no pueden censurar o impedir estos mensajes, se abren nuevas oportunidades para luchar por la libertad humana. “Los disidentes de regímenes opresivos, los campesinos sin tierra de Centroamérica, los activistas contra las minas antipersonas o la deuda global, incluso los fundamentalistas religiosos, pueden comunicarse con grupos similares en todo el planeta y coordinar sus acciones no sólo ante sus gobiernos, sino ante organismos internacionales” (Kaldor, 2005).

Pero, al mismo tiempo, la globalización informática facilita la interacción entre terroristas, narcotraficantes y delincuentes organizados, en un mundo complejo, difícil de controlar por el aparato informativo de las fuerzas de seguridad (Sierra Caballero, 2003: 262).

En la escena internacional, junto a los Estados nacionales, “hay una gran variedad de otros protagonistas del conflicto como son las organizaciones internacionales, las no gubernamentales y una pléyade de entidades transnacionales como empresas, organizaciones mediáticas, grupos religiosos, organizaciones terroristas o criminales, así como entidades subnacionales” (Fojón, 2006). Como consecuencia, se han debilitado las relaciones entre los ciudadanos y las comunidades políticas a las que pertenecen y se han estrechado los vínculos entre ellos y los entes transnacionales.

Por lo expuesto, los sistemas de seguridad se consideraron obligados a desarrollar programas de detección, control, prevención, y estrategias de acción psicológica y control de la opinión pública. Se habla entonces de una guerra por el control de las mentes y los corazones. La actual coyuntura política internacional y el surgimiento de las nuevas tecnologías han contribuido al desarrollo de estos programas, que necesitan incorporar también a los medios masivos de comunicación.

La actual organización de la producción basada en el uso intensivo de las modernas tecnologías deja fuera del tejido social una parte importante de la población y, en consecuencia, de la participación política. La inclusión es una condición básica para que exista democracia real. Los gobiernos tratan de responder a las demandas por mayor inclusión a través del consumo; pero, en la medida en que no se puede alcanzar estas promesas, el Estado pierde legitimidad.

El control del desarrollo y del uso de la tecnología tiende a concentrar poder fuera de las instituciones de la democracia representativa:

“Las agencias tecno-burocráticas gubernamentales controlan la coerción y las privadas influyen de manera determinante en la cultura de masas, el consumo y las opciones electorales. Todas ellas operando a través de burocracias tecnologizadas dirigidas por elites difícilmente responsabilizables” (Varas, 1995: 18).

La mundialización no elimina las diversidades locales y regionales. Sin embargo, debilita la soberanía del Estado nacional y las promesas de progreso social, provocando cierta desorganización en términos socioculturales.

La presión globalizadora produce un imaginario de lo próximo y al mismo tiempo favorece el encuentro de personas ubicadas en lugares físicos alejados. Paul Virilio (1995) dice que lo que se está globalizando es el tiempo. Todo se mueve en función del tiempo real como en astronomía. Sin embargo, el ciudadano es siempre ciudadano de "alguna parte". La privación de los derechos humanos se manifiesta fundamentalmente en la privación de un lugar en el mundo donde sea posible la pertenencia, la interacción con el otro, en suma donde se tornan significativas las opiniones y se hacen efectivas las acciones (Jelin, 1996).

La situación se complica en países con gran diversidad cultural, como Bolivia. La diversidad implica diferentes tiempos históricos:
- las sociedades locales no capitalistas siguen los ciclos de la naturaleza dada su condición de civilizaciones agrarias;
- los núcleos modernos tienen una organización “más abstracta y burocrática del tiempo político y del gobierno” (Tapia, 2002b: 96).

La nueva percepción del tiempo y el espacio no sólo provocan la desestructuración y la reestructuación de las economías, sino que debilita la cohesión social y altera los patrones de vida de las personas.


II - LOS EJES DEL CONFLICTO EN BOLIVIA (CLIVAJES ENTRECRUZADOS)

Al igual que otras naciones latinoamericanas, Bolivia se caracteriza por la existencia de factores que dificultan la institucionalización del conflicto, acentuando la debilidad de las prácticas de coexistencia institucional:

- la dominación extranjera;
- la heterogeneidad cultural;
- la mala distribución del ingreso;
- la debilidad de las organizaciones populares;
- la existencia de ideologías rígidamente contrapuestas con visiones exclusivistas del mundo; y
- la transición relativamente reciente de regímenes autoritarios hacia formas más pluralistas, con la consiguiente dificultad para internalizar los nuevos principios, así como la presencia de residuos heredados de la situación anterior.

El PNUD, en su último informe sobre desarrollo humano, afirma que “tanto la relación entre el Estado y la sociedad como, en este caso, la edificación de una democracia para el cambio son el resultado de ‘jaloneos’, disputas, pactos y tensiones entre un conjunto de actores e intereses con arreglo a diferentes clivajes”; y entre dichos conflictos se enfatizan tres: el regional, el étnico y el socioeconómico (Gray Molina y otros, 2007: 480).

Tanto la estructura de poder del Estado como el aparato estatal han contribuido a la generación de conflictos:

- El monoculturalismo de las instituciones públicas es incapaz de gobernar en una realidad pluralista.
- La falta de eficacia de dichas instituciones ha tenido como respuesta las demandas de soluciones rápidas, que suelen ser el origen de futuros conflictos.
- La debilidad de los gobiernos favorece la proliferación de protestas de distintos sectores de la población y muy especialmente de grupos de presión oportunistas .

Es indudable que la polarización extrema del espectro ideológico (en correspondencia con los toscos mapas políticos donde sólo se divisan correligionarios y enemigos) minimiza las posiciones intermedias y elimina los espacios abiertos al diálogo.

“… una polarización regional-cultural-racial que alentó la división del territorio y la población en dos seudos bloques: el ‘occidental’ de carácter nacionalista y ligado a los movimientos sociales (campesinos, indígenas y sindicales), y el ‘oriental’, más bien de naturaleza liberal y vinculado a los movimientos urbanos (cívicos y empresariales)” (Torrico Villanueva, 2007).

Los principales ejes del conflicto son tres: el socioeconómico, el étnico-cultural y el regional. Estos ejes se entrecruzan y superponen, combinándose en diversas formas.

1. El conflicto socioeconómico

El deterioro del sistema institucional se expresa en una dicotomización del espacio social: mientras en uno de los polos se concentran grandes sectores con demandas insatisfechas, cuyos dirigentes tratan de implantar innovaciones en materia institucional a través de la reforma constitucional; en el otro, la elites interpelan a la población de sus respectivas regiones, apelando al patriotismo local, intentando transformar el conflicto para que se mantenga dentro de ciertos límites.

Los conflictos, al igual que la población y la actividad económica, se concentran en el eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz.

Los expertos del Banco Mundial encuentran las causas de la pobreza boliviana en tres factores (Arias y Bendini, 2006: 1-2):

- la concentración de las exportaciones en pocos rubros que demandan poca mano de obra no calificada;
- la baja productividad de las empresas, especialmente las del sector informal, que son mano de obra intensivas; y
- las bajas oportunidades de los pobres para mejorar su capital humano.

Los países que basan su desarrollo en la explotación y exportación de recursos naturales, suelen presentar una mayor desigualdad en el ingreso y menores tasas de crecimiento a largo plazo. Esto obedece a la falta de articulación de estos sectores con el resto de la economía, por la abundancia de recursos naturales o la falta de incentivos para invertir en otros sectores. Sólo exportan la mitad de las grandes empresas y el 20% de las PYME.

Los costos para registrar una empresa son altos, al igual que los costos de información y transacción. El acceso al crédito exige costosas garantías. Los trámites aduaneros son engorrosos, el transporte es lento y caro. Las leyes laborales aumentan considerablemente el costo de la mano de obra, y todo esto incentiva la informalidad.

La sociedad boliviana se caracteriza por un alto grado de desigualdad y fragmentación. Los pobres difícilmente pueden acceder a una educación de alta calidad. Las familias pobres no pueden mantener a sus niños en la escuela secundaria porque los necesitan para trabajar. En el campo, sólo los que poseen una educación post-secundaria pueden obtener un aumento en el ingreso.

Los índices de pobreza han mejorado en los últimos años triplicando el gasto social:

“La pobreza se redujo del 52% en 1993 al 46% en 1999. Al mismo tiempo, las mejores condiciones de vida y educación en el área rural sugieren que la pobreza allí también pudo haber disminuido” (Arias, 2006: 280).

Sin embargo,

“la reducción de la pobreza habría sido mayor si el crecimiento hubiese sido sostenido, de base más amplia y más intensivo en generación de empleo” (Arias, 2006: 280).

La distancia entre ricos y pobres es grande, y es difícil encontrar medidas para cerrar la brecha. Los logros de los individuos están condicionados por su herencia social, el esfuerzo propio no cuenta demasiado. La baja movilidad social condena a los mismos hogares a la pobreza, de una generación a otra. La igualdad de oportunidades no existe, lo que se manifiesta por ejemplo en el acceso a la educación (Mercado Salazar y otros, 2007).

Además de los factores citados, existen otros que constituyen barreras que se oponen a la igualdad de oportunidades. No sólo se debe tener en cuenta el acceso a los bienes de consumo, sino también la incorporación de la población a la ciudadanía social y política, aspecto que es fundamental para apuntalar los avances económicos, dado que las situaciones de desigualdad dependen en gran parte de las relaciones de poder (Gugler y otros, 2006).

Se pueden agregar, entonces, otras causas que generan inequidad:

- La distribución de la tierra. “El 20% de las unidades agropecuarias posee 97% de tierras cultivables, mientras que el 80% restante dispone solamente del 3%” (Gugler y otros, 2006).
- La discriminación por origen étnico y por género. Los indígenas de las áreas rurales tienen ingresos considerablemente inferiores (aproximadamente la mitad) con respecto a los no indígenas (Tuchsneider, 2006: 301).

Cuadro N° 1. Incidencia de la pobreza en la población indígena de Bolivia

Población Incidencia de Pobreza (%) Incidencia Extrema Pobreza (%)
Total Indígena No Indígena Total Indígena No Indígena
Urbana 51.5 59.1 47.3 23.9 29.9 20.6
Rural 82.8 86.3 73.6 66.2 71.6 52.1
Nacional 63.1 73.9 52.5 39.5 52.5 26.9
Fuente: Jiménez y otros. Hall y Patrinos (2006) en Tuchsneider (2006).

En el cuadro anterior, se puede apreciar que los índices de pobreza son considerablemente mayores en la población indígena; por lo cual los tres ejes del conflicto se entrecruzan y superponen.

La mayor parte de la población rural del país vive en condiciones de pobreza, aunque también hay bolsones de pobreza en las áreas urbanas. El 40% de la población del departamento de Santa Cruz es pobre, pero en la ciudad sólo lo es el 20%.

2. El conflicto intercultural

En las últimas décadas, la economía boliviana ha sido afectada por profundos cambios estructurales: se pasó de un modelo minero estatal a una economía de mercado con un alto componente de informalidad urbana. Estos cambios también afectaron a las fuerzas sociales que dominaban el escenario político, las que fueron desplazadas por otras nuevas cuando surgen los cocaleros, los trabajadores urbanos y los movimientos indígenas.

En el año 2000, decía Bedregal:

“En el ámbito rural o campesino, las estructuras organizacionales, no tienen fuerza decisoria para obtener bienes, servicios y para satisfacer necesidades vitales sino a través del mayor o menor acceso que puedan tener a los poderes sociales y estatales de tipo urbano. El racismo, la marginalidad y las discriminaciones hacen de estos conglomerados los menos cercanos a los factores decisorios reales del pluralismo” (Bedregal, 2000: 90).

Al igual que en otras naciones, las demandas indígenas están modificando las formas de convivencia social y política características del Estado-nación. Con la Modernidad, surge el principio de la igualdad individual. Si la condición de “ciudadano” implica igualdad, cómo se explica la inequidad económica y de clase ¿Cómo resolver estos valores contradictorios?

La ciudadanía indígena es una laboriosa construcción basada en la lucha por el reconocimiento de derechos específicos a través de una dinámica cultural que se constituye en el motor de la acción política, de las negociaciones con el gobierno y como medio de “visibilización” del actor-indígena en la sociedad.

Para buena parte del periodismo (y para el sentido común), el conflicto indígena sería la acción de un sujeto obstinado, reaccionario, refractario al progreso. Para otros, los indígenas son conflictivos en tanto presionan por demandas imposibles de alcanzar. Finalmente, los movimientos indígenas se encontrarían buscando la diferencia en contra del principio de igualdad propio de la Modernidad.

De esta manera, los objetivos de los indígenas conducirían a la fragmentación del Estado. Sin embargo, la presencia de organizaciones indígenas que luchan por el reconocimiento de su identidad y por el ejercicio de sus derechos es una importante fortaleza para la práctica democrática y la consolidación de la ciudadanía.

No se puede negar que hay organizaciones radicales cuya ideología les impide llegar a cualquier forma de negociación o acuerdo político, aunque éste no parece ser el comportamiento de la mayoría de los movimientos indígenas de los países latinoamericanos.

En Bolivia existen dos idiomas, distintos del castellano, que son la lengua materna de más del 35% de la población, además de una treintena de dialectos regionales. Ahora bien, cada comunidad lingüística posee una diferente visión del mundo, así como diferentes formas de organización, saberes y prácticas culturales.

Más allá de las declaraciones constitucionales y algunas normas legales, en la realidad hay una suerte de monolingüismo estatal que determina las formas de acceso a los cargos públicos y, en general, a los canales de ascenso social; y además que la condición de “blanco”, tanto desde los somático como desde lo cultural, sea un bien codiciado por las posibilidades que otorga en los procesos de movilidad vertical.

Cuadro N° 2.Relación entre las variables “auto-identificación” y “pertenencia” en las ciudades capitales de Bolivia más El Alto (en %).
Autoidentificación /
Pertenencia Indígena Mestizo Blanco Total (apoxim.)
No indígenas (34.5%) 0.0 76.4 20.7 100.0
Aymaras (30.4%) 40.8 56.2 2.1 100.0
Quechua (27.2%) 14.8 76.1 8.5 100.0
Chiquitano (2.7%) 0.3 79.2 16.5 100.0
Guraraní (1.8%) 19.1 71.8 9.1 100.0
Fuente: Fundación Unir Bolivia (2006).
Nota: La variable “identificación” corresponde a la pregunta “¿Usted se siente perteneciente a algún pueblo indígena?”. La variable “pertenencia” se mide con las respuestas a la pregunta: “¿Usted se siente perteneciente a algún pueblo indígena?”.

Curiosamente, el 76.1 % de los que se consideran pertenecientes a la etnia quechua, se identificaron al mismo tiempo como mestizos, y el 79.2% de los pertenecientes al pueblo chiquitano, también se identificaron como mestizos.

La diferencia entre el sentido de “autoidentificación” y el sentido de “pertenencia” fue explicada por los investigadores de la organización internacional LAPOP diciendo que los bolivianos prefieren identificarse como mestizos, utilizando una categoría identitaria comodín, aunque al mismo tiempo reconocen su pertenencia al pueblo aymara, quechua o guaraní, pero sin considerarse indígenas u originarios (UNIR, 2007).

Por lo expuesto, mientras en las sociedades homogéneas, la descentralización político-administrativa se hace partiendo de una base territorial (municipio, departamento, región); en las sociedades complejas y heterogéneas, donde se sobreponen distintas culturas o nacionalidades, la constitución de un ente público que sirva de base a la descentralización depende de la ubicación geográfica de las comunidades culturales, por lo que requiere una ingeniería constitucional más complicada.

3. El conflicto regional

El conflicto regional gira principalmente en torno a tres temas: las tierras, los recursos naturales, y la asignación de competencias para la toma de decisiones.

Hablar de la cuestión regional es hablar de los comités cívicos y, como han señalado diversos autores, la cuestión regional no es una sino que abarca diferentes tipos de conflictos. Ella surge cuando los intereses y lealtades de los actores sociales están espacial y estructuralmente diferenciados (Balán, 1978: 1).

Un movimiento regional es una acción colectiva en la que distintos sectores de una región ejercen presión sobre las autoridades para obtener ciertas metas en materia de desarrollo y autonomía de gestión (Flores, 1985: 253-254). Desde luego que un movimiento es algo más complejo que cualquiera de sus partes, pero la unidad de acción colectiva sólo es posible si hay una organización que, de manera consciente, trata de establecer objetivos y canalizar la actuación del conjunto hacia dichos objetivos, de acuerdo con las condiciones cambiantes del medio (Heller, 1968: 103). Este proceso es precisamente el que permite pasar de la deliberación a la acción, y es en este sentido que la organización asume la condición de mediadora entre la teoría y la práctica, según la célebre frase acuñada por Lukacs (1969: 312). He aquí el rol del CPSC.

El III Congreso Nacional de Comités Cívicos (La Paz, 1986) aprobó un documento que acerca del centralismo decía:

“El centralista sistema vigente desde la fundación de la República, se ha convertido en un obstáculo permanente, al pleno ejercicio de la soberanía popular y el buen desenvolvimiento de las capacidades productivas de las regiones y por ende del país… Algunas de las manifestaciones visibles del ocaso del Estado centralista, se expresan en el excesivo crecimiento de la burocracia estatal, el encarecimiento y la morosidad de los trámites administrativos, la impunidad de los funcionarios, la facilidad con que malversan y derrochan los escasos recursos fiscales y de la forma arbitraria e inequitativa, con que se distribuyen los recursos nacionales” (Peláez, 1997: 9).

Esta situación tiene su origen en épocas anteriores y se manifestaron de diferentes formas en las jóvenes naciones latinoamericanas. Cuando las economías latinoamericanas se insertan en el mercado internacional, en algunos países se consolida un sector exportador con la suficiente fuerza como para monopolizar las relaciones exteriores, controlar las aduanas y constituir un sistema financiero. En esta situación, dicho sector impone su predominio al resto de la clase dominante.

En otros casos, ninguno de las fracciones de la clase dominante consigue ocupar la cúpula del sistema de dominación y controlar los mecanismos centrales de poder. Ante la falta de un sector claramente hegemónico, se forma una suerte de confederación de oligarquías, donde se resguarda la autonomía de los centros regionales y hay una participación más activa de los latifundistas, así como de los sectores burocráticos y militares. Tal fue el caso de Bolivia:

“A lo largo del siglo XIX Bolivia nunca pudo construirse con la hegemonía aplastante de una región o ciudad como sucedió, por ejemplo, con Lima en Perú e incluso Buenos Aires en la Argentina” (Barragán, 2005: 51).

Malloy ha estudiado la importancia de las regiones como focos de lealtades. La nación estaba organizada en nueve departamentos, cada uno con su propia capital desde donde se controlaba su área de influencia. A pesar de que la estructura administrativa había sido diseñada siguiendo el modelo napoleónico, los gobiernos municipales eran elegidos localmente y tenían más importancia que las débiles autoridades departamentales designadas por el gobierno nacional.

“Las capitales regionales, controladas por gobiernos municipales fuertes, fueron para muchos eje de la identidad pública y el límite de la lealtad” (Malloy, 1989:321).

Las capitales de departamento dependían de los desembolsos del gobierno central para sostener sus principales instituciones: universidades, obispados y cortes superiores de justicia (Barragán, 2005: 55-58).

“Había una enérgica competencia regional en torno a los fondos centrales, al mismo tiempo que un profundo resentimiento cuando se producía un evidente avance en una región a costa de otra” (Malloy, 1989:321).

Como señala Rodríguez Ostria (1991: 25), “era irrisorio y formal hablar de un poder centralista [en Bolivia] allí donde la fuerza muda de los hechos sólo arrojaba la imagen nítida e inconstrastable de su fraccionamiento”.

En Bolivia, recién a partir de principios del siglo XX, cuando por obra de los magnates del estaño la economía nacional se integra al mercado mundial bajo la hegemonía británica, es cuando se conforma una estructura de poder que articula a las regiones, aunque sin poder sentar soberanía en todo el territorio de la nación.

A partir de ahí se va estructurando el centralismo como manifestación de “una localización anómala de los ‘intereses generales’ y por lo tanto de una visión parcial de la nación”, tal como lo expresara Ramiro Velazco (1983: 88).

Muchas son las causas que originan este tipo de conflictos, aún en países desarrollados, regiones densamente pobladas están condenadas al estancamiento. Tal es lo que tradicionalmente ocurre con el N. E. de Inglaterra, Irlanda del Norte, el Macizo Central, la Italia Meridional, Valonia, Kentucky, etc. (Blackburn, 1977: 201).

Sin embargo, en Santa Cruz y en la época actual, la situación guarda cierta analogía con los casos estudiados por Schwartzman (1972: 5-18) en Brasil y España, donde las regiones relativamente más desarrolladas sienten con mayor intensidad los efectos del centralismo y la privación del poder político.

Los movimientos regionales suelen desarrollarse en períodos democráticos y allí donde el centro declina y se acentúa el dinamismo económico en una o varias regiones periféricas culturalmente diferentes. En esos casos, los dirigentes intentan movilizar a las masas regionales apelando a la cultura común de los habitantes de la región.

Las críticas en contra del centralismo se pueden resumir en cuatro puntos principales .
- la índole de los procesos administrativos
- las desventajas originadas por la concentración de las decisiones políticas; y
- la necesidad de contar con regulaciones que contemplen la especificidad de las características regionales.
- La distribución de los ingresos fiscales.

Cuando se trata de trámites rutinarios, la magnitud del problema es menor; pero cuando la decisión implica la asignación imperativa de valores, según el decisor esté ubicado en el centro o en la periferia se encontrará más expuesto al tráfico de influencias de uno u otro grupo de poder.

Un argumento importante se refiere a la desventaja en que se encuentran los ciudadanos de las regiones en el juego inteorganizacional o corporativo. En las regiones subdesarrolladas, con mayor intensidad que en las otras, la capacidad de influir en las decisiones políticas es un elemento indispensable para competir por el beneficio económico. Al igual que en otros países, tanto los ciudadanos como las organizaciones ubicados en las sedes de los gobiernos pueden acceder a posiciones desde las cuales se deciden importantes políticas sectoriales y nacionales.

Esta cuestión es mejor estudiada cuando se acude a las herramientas que nos proporcionan las escuelas sociológicas que se basan en el análisis de las redes sociales y los flujos de información.

Las personalidades ubicadas en la cúpula de las organizaciones públicas y privadas necesitan celebrar reuniones formales e informales para concertar acuerdos. La toma de decisiones supone, entre otras cosas, la disposición de información estratégica; y, dicha información, converge hacia aquellas ciudades (capitales o no) donde tiene su asiento el gobierno. Allí están (además de las oficinas ministeriales) las embajadas, los representantes de los organismos internacionales y de las empresas transnacionales; allí es donde se encuentran las casas matrices de los bancos y los organismos financieros más importantes.

A partir de esta constatación, se podría suponer que hay una contradicción fundamental entre La Paz y el resto de los departamentos, y que todos los habitantes de la sede del gobierno se benefician del centralismo. Este razonamiento se basa en una visión que corresponde al “espacio de los lugares”. El enfoque desde el ángulo de lectura del “espacio de las redes” (o de los flujos) nos lleva a otras conclusiones.

“Un lugar es una localidad, cuya forma, función y significado se contienen dentro de las fronteras de contigüidad física” (Castells, 1999: 457).
El ángulo de lectura desde el espacio de los flujos dirige la atención hacia la existencia de microrredes personales que proyectan sus intereses atravesando las líneas de la división política de los departamentos y aún de los países ; aunque las elites todavía no aprovechen todos los beneficios de la interactividad que le proporcionan las TIC.
Utilizando el modelo de Schmidt (1999) se puede mostrar las influencias verticales y horizontales en el proceso de toma de decisiones. Dirigentes que representan intereses regionales en determinadas coyunturas se conectan (y hasta se integran) a las elites “nacionales”, y lo mismo ocurre con los líderes a nivel local en relación a las elites regionales (Véase fig. 2).
Los principales beneficiarios del centralismo no son todos los habitantes de La Paz, sino los que están en la red de las elites de poder, en cualquier parte del país donde vivan, aunque los habitantes de la ciudad que es la sede del gobierno puedan tener algunos beneficios originados por los bienes y servicios que demandan las reparticiones públicas, el mayor número de empleos en la administración pública, y el más fácil acceso a las oficinas donde se aprueban los trámites.

Las medidas gubernamentales afectan a toda la nación y no quedan totalmente ajenas a su adopción las elites regionales. Hay quien dice que la elite “nacional” está más ligada y tiene más alianzas, negocios e intereses compartidos con las elites regionales, que estas últimas con el pueblo de su departamento y las provincias (Buitendijk, 2004: 47).

Es evidente que hay redes que vinculan a las distintas elites de la formación social boliviana, pero también es cierto que las elites regionales suelen estar en desventaja con respecto a la elite “nacional”.

Las investigaciones sobre la historia contemporánea muestran los esfuerzos de la elite regional para comprometer a los gobiernos nacionales con los intereses locales. Sus acciones tendentes a lograr la penetración de las esferas gubernamentales tuvieron más éxito en algunos períodos que en otros. En el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, los cruceños ocupaban seis ministerios, algunos vice-ministerios y la presidencia de las cámaras legislativas . En términos generales, es importante que las elites regionales estén integradas en el sistema de elites nacional, porque esto previene el desafío a la estructura de poder establecida.

Cuando en los gobiernos posteriores las redes locales quedan desconectadas de las esferas gubernamentales resurgen los planteos en pro de las autonomías. En este discurso, la “autonomía” es presentada como un concepto unívoco . De manera que, quien es partidario de la autonomía es partidario de la posición cívico-regional. Al mismo tiempo, quien no apoya dicha posición estaría en contra de la autonomía y es simpatizante o miembro del MAS .

Por otra parte, las propuestas de los comités cívicos regionales aunque en lo básico muestran profundas coincidencias, también presentan importantes discrepancias en algunos puntos: el reconocimiento de las diferentes nacionalidades (Tarija), la regionalización del país (Sucre), el derecho a la doble nacionalidad (Norte de Potosí), las que se acentúan en los comités provinciales y las microrregiones (Zegada y otros, 2007: 74).

También es necesario mencionar algunas iniciativas en torno a la creación de un nuevo departamento que abarcaría la provincia de Gran Chaco (Tarija), el municipio de Camiri (Santa Cruz) y otras provincias, algunas de ellas de Chuquisaca, zona donde se encuentran grandes reservas de gas y petróleo. En general se trata de provincias que intentan evitar que impuestos y regalías se concentren en las capitales de departamento (Zegada y otros, 2007: 136). Se piensa siempre la concentración en términos de espacios y no en términos de redes, pero en ciertos casos no es tan importante si se invierte en la capital o en las provincias; sino si las decisiones están concentradas en elites domiciliadas en la capital, que pueden tener también intereses en las áreas rurales.



III – LOS ACTORES POLITICOS Y SOCIALES

Pese al alto grado de densidad institucional, que hay en algunas de las regiones, existen sectores que están poco organizados y débilmente representados, de ahí el desfase entre sociedad civil y “pueblo” que, según Bresser Pereira (2006: 126), es característico de América Latina.

1. Los partidos tradicionales

La mayoría de los partidos tradicionales han abandonado sus ideologías de origen, aquellas reflejadas en sus denominaciones (nacionalista, izquierda, etc.), para ir convergiendo hacia un conservatismo con retórica liberal, pero sin abandonar la orientación hacia el rentismo, acicateada por la elevación de los precios de los hidrocarburos . Muchos de sus políticos se han incorporados en nuevas organizaciones cuyas denominaciones (Podemos, Unidad Nacional) acentúan la forma “recipiente ideológicamente vacío”. Vistas así las cosas, es evidente que el transfuguismo no es una traición al partido de procedencia del tránsfuga; aunque podría haber deslealtad hacia sus antiguos jefes.

La situación en que se encuentran los partidos es el resultado de prácticas prebendalistas y clientelistas que, entre otras cosas, impidieron la formación de una administración pública eficiente. Hasta hace poco se alternaban en el gobierno partidos (o alianzas de partidos) distintos, pero con la misma ideología y propuestas similares. Se hacían encuestas para medir la popularidad del candidato, pero poco importaban las expectativas y necesidades de la población. Cuando los ciudadanos advierten la falta de feedback entre ellos y los partidos, decae el interés por “la política”, pero no la preocupación por los asuntos de la polis.

Si a esta crisis de representación y credibilidad agregamos el juego corporativo, se puede apreciar que hay un considerable encogimiento de los derechos de los ciudadanos. Esta reducción de los márgenes de la ciudadanía ocurre cuando los sujetos sociales que la han conquistado se encuentran debilitados, desarticulados o han desaparecido. “La ciudadanía es ampliable y también reductible” (Tapia, 2002: 40). Una de las muchas consecuencias, es que una gran parte de los sectores medios urbanos manifestaron su deseo de “un cambio”, aunque cada grupo quizás lo imaginaba de diferente forma .

La mala imagen de los partidos ante la opinión pública tiene como resultado que el rol que cumplían antes los partidos conservadores ha pasado a ser desempeñado por los comités cívicos y los medios masivos de comunicación (Ortiz, 2006).

2. Los movimientos indígenas

El análisis de las visiones aymaras de las autonomías pone de manifiesto la contradicción que existe entre el Estado boliviano (basado en la Modernidad, con sus tres poderes, la acumulación de capital y la propiedad privada) y el Estado del Kollasuyu, asentado en la propiedad comunal, la reciprocidad, la redistribución y la ayuda mutua. Al utilizar la palabra “Estado”, en este último caso, estamos recibiendo un préstamo semántico, porque dicho término no existe en la lengua aymara, lo más aproximado es el vocablo suyo que se refiere a una gran región territorial y política (Zibechi, 2006: 199).

En el mundo aymara tampoco existe el término “ciudadano”, por lo que hay que buscar palabras que se le asemejen por su significado. Sólo a partir de la formación de la pareja hombre-mujer (chacha-warmi), las personas pueden elegir y ser elegidos para los cargos públicos de menor jerarquía. En algunos casos, la pareja puede estar formada por madre e hijo, por lo que el chacha-warmi se refiere a la complementariedad de los opuestos y no necesariamente a la pareja reproductora. (Galindo y otros, 2007: 201)

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, es fácil comprender que el movimiento aymara no puede dejar de estar afectado por una fuerte ambigüedad estratégica:
- acceder al poder del Estado
- oponerse al Estado; o bien
- ganar espacios más o menos autónomos dentro del Estado

Esta ambigüedad está relacionada con múltiples factores:

“Aunque el ayllu afirme en su vida cotidiana su autonomía, su autoorganización y autogobierno, esa misma cotidianeidad está impregnada por relaciones clientelares y de sumisión con el Estado o sus caudillos, que cubren necesidades o expectativas que el ayllu no puede o no quiere perder de vista” (Zibechi, 2006: 219).

Siguiendo a Galindo y otros (2007), podemos sintetizar en dos posiciones las ideas sobre autonomía del movimiento aymara, tal como son expresadas por boca de sus intelectuales:

“Los que postulan el discurso autonómico como un fin en sí mismo: reconocimiento de ciertas facultades especiales, como el autogobierno, pero sin acceder a la independencia estatal (Galindo y otros, 2007: 255)

“Los que postulan el discurso de autonomías regionales (regionalización/reterritorialización) como medio para transitar hacia una nueva sociedad comunitaria que sustituya al paradigma liberal (Galindo y otros, 2007: 263).

Quechuas y aymaras no comparten en todas las cuestiones la misma visión. El campesinado quechua experimentó un acelerado proceso de mestizaje a partir de la revolución del 52, y se integró al aparato sindical que el Estado controlaba. El pueblo aymara, por el contrario, se apartó de las instituciones estatales para refugiarse en su vida comunitaria y preservar sus tradicionales prácticas de convivencia social (Sanjinés, 2005: 170).

La visión guaraní de la autonomía fue expuesta por intelectuales de esa etnia, como Guido Chumiray y Enrique Camargo Manuel. Los elementos centrales de la visión indígena son el territorio y la autodeterminación; elementos que consideran asociados a la dignidad de las personas, a la calidad de las familias y de la comunidad. La comunidad es considerada el único espacio que puede asegurar la libertad individual y colectiva de las personas. El principal problema es la falta de correspondencia entre la identidad étnico-cultural y las estructuras territoriales del Estado boliviano. El pueblo guaraní se halla repartido en departamentos, provincias y cantones cuya delimitación es poco funcional para el mundo guaraní. Se da el caso de comunidades unidas bajo una sola capitanía, pero divididas en dos municipios, lo que impide a sus miembros desempeñarse con más eficiencia, y aún en espacios extracomunitarios (Camargo Manuel, 2005).


3. EL MAS.

El MAS (Movimiento al Socialismo) es un partido político que tiene un discurso que reconoce la diversidad cultural existente en el país, y un proyecto político nacional. A través de él, hay organizaciones de la sociedad civil que intentan su inclusión en el sistema de partidos, en su representación parlamentaria y la ocupación de espacios en el poder ejecutivo de la nación.

En sus inicios, el MAS fue el instrumento político de los cocaleros del Chapare que intentaban tener representación en los municipios y en el parlamento. Más tarde se organiza como un frente amplio de izquierda “compuesto por intelectuales y organizaciones indígenas (principalmente del departamento de Santa Cruz) y campesinas, casi todas las organizaciones de colonizadores o colonos (mineros y campesinos andinos asentados en las Tierras Bajas) y una parte numerosa de la clase media urbana” (Lacroix, 2007: 21).

En grandes líneas, se puede decir que la estructura orgánica del MAS se basa en dos pilares: el movimiento cocalero y una coalición de movimientos sociales independientes. En la cima de ambos componentes se encuentra la dirección de Evo Morales.

Pese a los esfuerzos que el partido hizo para conformar cuadros políticos profesionales, ordenados en base a la división política y administrativa de la República, “se puede decir que el MAS es una organización política de masas, carente de sólidos cuadros políticos intermedios y donde la vinculación entre líderes y seguidores está mediada por las estructuras organizativas de los movimientos sociales y sindicatos agrarios” (Orozco Ramírez, 2005: 20).

Este tipo de organización recuerda al modelo denominado partido modular: un espacio donde convergen movimientos y asociaciones, donde se discute, confronta y acuerda acciones conjuntas para atacar problemas comunes a todas ellas. De manera que el partido pretende ser una extensión de dichas asociaciones, dejando de lado la lógica organizativa de los tradicionales partidos de izquierda que distinguía entre vanguardia y masa, entre partido y sindicato.

En los procesos de toma de decisiones, el líder es el árbitro que se apoya alternativamente en coaliciones coyunturales e inestables, donde los MS se transforman en grupos de presión informales actuando en un ámbito donde junto con los campesinos-indígenas están izquierdistas procedentes de los distintos partidos marxistas y elementos de las clases medias urbanas.

Si bien las identidades múltiples no son un obstáculo para este tipo de partidos, los dirigentes intermedios (donde los hay) y los de base deben permanentemente gestionar acuerdos, destrabar tensiones y corregir fallas (Salazar, 2003).

Cuando se trata de tomar posiciones políticas o decidir la participación en acciones tales como los bloqueos, el líder participa de congresos y asambleas, comportándose como si fuera uno más. Stefanoni, que ha estudiado este tipo de situaciones, comenta:

“La elección del candidato a la vicepresidencia de la República, en febrero de 2002, ilustra acerca de la inorganicidad de los vínculos entre el MAS y los intelectuales urbanos de clase media que lo apoyan; observándose, al mismo tiempo, una fuerte ‘dependencia discursiva’ con respecto a asesores y ONGs junto con una débil atracción de la intelectualidad quechua y aymara. Un pequeño grupo de esos ‘asesores’ –sin compromiso partidario orgánico con el MAS – ocupa un lugar destacado como complemento del tipo de liderazgo de Evo Morales – que no deja de reproducir características caudillistas presentes en la historia política boliviana –reforzando relaciones instrumentales con los intelectuales, en detrimento del intelectual orgánico o colectivo” (Stefanoni, 2003.a).

Estamos frente a una estructura que es flexible pero no estable, por lo que es un importante factor de cohesión la concentración del poder en la persona de su principal dirigente, bajo la forma de un liderazgo de corte carismático.

El núcleo del discurso del MAS ha sido bien definido por F. Mayorga (2006: 161) en un párrafo donde se expresan los aspectos estratégicos del proyecto político de este partido:

“En suma, el gobierno de Evo Morales combina un discurso radical con decisiones moderadas y esta combinación le permite ocupar el espacio de discursividad política sin adversarios importantes, puesto que la retórica radical despoja de argumentos a la oposición de izquierda y a los sectores sindicales más polarizados, así como, las decisiones centristas evitan que los partidos de centro-derecha y los sectores empresariales esgriman cuestionamiento antigubernamentales”.

Sin embargo, la ideología de este vasto movimiento intenta sustentarse sobre dos ejes que contienen elementos que son en parte contradictorios: un nacionalismo que reafirma la soberanía del Estado nacional; y una postura indigenista que demanda el reconocimiento de la diversidad étnica de la sociedad boliviana, cuestionando la representatividad de dicho Estado..

Es evidente que la práctica de los miembros de base de los partidos modulares no se puede limitar a participar en actos, marchas, manifestaciones y bloqueos de caminos como señales de protesta. Cuando de alguna manera está garantizado el juego democrático, a sus dirigentes les debería interesar contar entre sus filas a ciudadanos que, buscando soluciones, debatan y dialoguen en los espacios públicos ejercitando sus derechos y obligando a la sociedad a evolucionar para que las instituciones acompañen los cambios. Esto supone, entre otras cosas, la vigilancia de los actos de gobierno por parte de los ciudadanos. Hasta ahora no se ha podido observar este tipo de comportamiento en el MAS, que sin duda le permitiría representar de mejor manera a los grupos y sectores más débiles.

4. Movimientos regionalistas

Ante la decadencia de los partidos, el rol de la oposición lo desempeñan los comités cívicos y los medios de comunicación.

4.1. Los comités cívicos

Los comités fueron las únicas organizaciones representativas de la sociedad aceptadas por los gobiernos militares. A partir de 1970, con el alto grado de influencia del Comité Pro Santa Cruz (CPSC), surgieron entes similares en los demás departamentos y también a nivel provincial; si bien la capacidad de movilización de estas organizaciones varía de un departamento a otro (Lavaud, 1998: 272).

La presencia de los comités introduce el elemento territorial en la visión de la nación y de la reforma del Estado, y los conflictos por la distribución del poder político entre el gobierno nacional y las elites regionales.

Los dirigentes cívicos suelen predicar que la democracia se caracteriza por el principio “un hombre, un voto”. Sin embargo, la estructura de los comités es de tipo corporativa y en ella empresarios, profesionales y miembros de las familias tradicionales organizados en múltiples asociaciones poseen múltiples representaciones, lo que no ocurre con los componentes de los sectores populares . Debe quedar claro, que es un derecho de los entes cívicos darse los estatutos y la organización que prefieran en el marco de la legislación vigente, pero no parece legítimo que asuman la representación del conjunto de los habitantes de ciertos espacios territoriales (departamentos, provincias), con una estructura interna corporativista y sin que la afiliación en las organizaciones de base sea, en todos los casos, totalmente voluntaria.

Los discursos de los dirigentes cívicos son amplificados y reproducidos con gran resonancia por los medios masivos de comunicación. Su posición es autodefinida como apolítica, o a veces antipolítica, vale decir que apelan a una forma no partidista de hacer política que se apartaría de las ideologías para expresar la “realidad”, aquello que “piensa la gente”, el sentido común. La condición de actores políticos, que siempre tuvieron, se pone de manifiesto, cuando emergen abiertamente como tales en los medios de comunicación .

Las grandes concentraciones denominadas cabildos se han convertido en uno de sus principales mecanismos de expresión. No obstante la enorme importancia que revisten los mismos como manifestaciones de apoyo a los dirigentes, ellos no pueden considerarse una forma de democracia directa, porque no hay debate y sólo se aprueban por aclamación cuestiones cargadas de contenido emocional y fuertemente asociadas al patriotismo local.

Como es sabido, la democracia directa sólo puede funcionar en grupos pequeños. Más allá del sufragio universal, una característica definitoria de la democracia es la discusión pública abierta, donde cada una de las partes tenga la misma libertad de expresarse.

Para comprender el funcionamiento de una organización es necesario estudiar su contexto y el tipo de intercambios que mantiene con él. Las organizaciones, si quieren sobrevivir, deben definir sus objetivos y sus estrategias en función de algunas necesidades del contexto, necesidades que se convierten en “demandas” después de haber adquirido cierto grado de estructuración. Las organizaciones adquieren, entonces, legitimidad por el hecho de cumplir determinadas funciones y esto les permite obtener recursos de la comunidad a la cual pertenecen (Parsons, 1966: 191-194).

Los elementos componentes del CPSC están organizados en más de un centenar de instituciones representadas por grupos funcionales. De manera que el CPSC integra organizaciones de diferente naturaleza, reduciendo el número de decisores en la cúpula, lo que contribuye a incrementar la eficacia de su accionar, al facilitar la interacción social. Como señala G. Flores (1986: 208), su conformación no sólo es el producto de acuerdos formales, sino el resultado de la concertación de distintas fuerzas sociales, así como el efecto de articulaciones intersticiales que ligan a los miembros de la elite . Dichas fuerzas sociales van desde grupos de poder y de presión, hasta simples grupos de opinión.

4.2. El discurso hegemónico.

Según Laserna (2007), “las elites [en Bolivia] no han logrado construir una hegemonía en base al liderazgo intelectual y moral de la sociedad civil”. Esta afirmación no es aplicable a la elite cruceña en relación al pueblo de la región.

La clave de la hegemonía de la elite regional es lo que Easton (1976) denomina “apoyo difuso”. Este consiste en la presencia de ciertos elementos, en el sistema político, que contribuyen a su sobrevivencia. Este apoyo se basa en fuertes lazos de lealtad y afecto hacia ciertas organizaciones, o hacia la comunidad en su conjunto, que son independientes de las ventajas específicas que los miembros puedan recibir por su pertenencia al sistema.

Este apoyo es originado por sentimientos profundos de comunidad y/o por la creencia de que es necesaria la aceptación del sistema por tratarse de un bien común que está por encima del bien particular de cualquier individuo o grupo (Easton, 1976: 171).

El carácter “difuso” del apoyo no significa que éste sea débil, sino todo lo contrario. Es más fuerte que los apoyos específicos que se manifiestan como respuesta a decisiones puntuales que benefician a una parte de la sociedad.

4.3. Los prefectos de la “media luna” y el CONALDE

La Constitución Política del Estado establece que es atribución del presidente de la nación el nombramiento de los prefectos de los distintos departamentos. Una ley obtenida por la presión de los movimientos regionalistas, en los gobiernos anteriores, señala que el presidente deberá “seleccionar” como prefecto al candidato más votado en las elecciones departamentales. De esta manera, se introduce en la estructura orgánica del poder ejecutivo un cargo cuyas atribuciones, así como su aparato administrativo, no han sido reformulados, manteniéndose el diseño establecido para un estado unitario parcialmente descentralizado. De esta elección surgieron nueve prefectos, algunos procedentes de los partidos nacionales y otros de agrupaciones ciudadanas locales.

Junto con la elección del prefecto se llevó a cabo un referéndum acerca de la autonomía que tiene carácter departamentalmente vinculante, triunfando el SI en cinco departamentos (Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija) denominados la “media luna” por su configuración geográfica.

Dada la situación de debilidad de los partidos políticos, los prefectos de la “media luna”, opositores al gobierno, han fundado el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) y se han constituido en los principales líderes departamentales, contando con el apoyo de los comités cívicos departamentales y gran parte de los sectores medios urbanos.

En diversas oportunidades, los prefectos del CONALDE han cuestionado y desacatado disposiciones del gobierno nacional, recurriendo a la realización de marchas, cabildos y bloqueos, “legitimados” por interpretaciones jurídicas avaladas por los colegios de abogados y los jurisconsultos de cada departamento.

5. Los medios de comunicación de masas como actores políticos

El control social en el seguimiento de las políticas públicas es imposible sin la creación y difusión de información. El control social necesita la información pertinente, es decir aquella que es de interés de la gente. En este campo, los medios de comunicación tienen un papel protagónico.

Al igual que otras ramas de la economía, y siguiendo una tendencia que también es observable en muchos países, los medios están sufriendo un proceso de oligopolización que se manifiesta especialmente en las cadenas multimedias que articulan los medios escritos con las estaciones de televisión y las emisoras de radio.

5.1. La concentración de la propiedad de los medios

La concentración adopta la forma de una red “que consiste en la fusión empresarial de unidades insertas en mercados diferentes pero que en algún momento pueden articularse” y que, por lo general, brindan apoyo a otros negocios de la firma propietaria, a las reivindicaciones regionales y a los proyectos políticos de los partidos tradicionales (Bolaño, 2006).

“… sobre todo desde 1998, los medios bolivianos se han organizado en grandes redes, que si bien siguen actuando eficazmente en el plano local, coordinan además acciones nacionales de una manera estrecha y planificada. Han surgido en el país grandes grupos empresariales multimedia que enlazan redes de periódicos con cadenas de televisión, mientras una serie de emisoras radiales comunitarias y no gubernamentales se ha asociado para competir con aquellas desde sus potencialidades locales” (Calderón Gutiérrez y otros, 2004: 127).

Si bien en los medios, como ocurre en cualquier empresa, es necesaria la aplicación del principio de autoridad para asegurar la eficiencia de la organización, no siempre los comunicadores encuentran en ellos espacios de libertad que les permitan disentir o expresar libremente sus ideas. Según Vania Sandoval, hay situaciones extremas, donde “para entrar a un medio hay que estar alineado con su posición; de ahí también la autocensura” (IMS, 2007).

Existe un viejo imaginario acerca de la libertad de prensa, según el cual ésta se basa en los principios de la libre competencia en el mercado y contra el intervencionismo no deseado del Estado. Sobre esto dice Juan Bonilla (2007: 11) que “evoca una época de panfletos hechos a mano, periódicos baratos, tratados científicos y morales de edición limitada y una creencia extendida en la competencia descentralizada como principal antídoto contra el despotismo político”. Esta visión del problema ignora los peligros originados por la concentración de la propiedad de los medios.

5.2. Los medios de propiedad estatal

El Estado boliviano posee tres grandes medios, el Canal 7, la Agencia Boliviana de Información (ABI) y la Radio Patria Nueva (ex Illimani).

Se ha elaborado un proyecto que prevé la creación de una Red de los Pueblos Originarios que integrará a 30 emisoras de distintos puntos del país y un nuevo canal de televisión con el apoyo de países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, así como asiáticos y europeos (IMS, 2007). El catedrático José Ross considera acertada la media, si las nuevas emisoras tienen programación propia y se expresan en las lenguas originarias, pero no acepta que se las llame “radios comunitarias”; porque este término es el que utiliza una organización mundial, creada en Canadá en 1983, que no tiene ninguna relación de dependencia con los Estados, y porque las radios comunitarias deben ser creadas por las bases y no por los gobiernos (Aguirre Durán, 2007).

La politóloga Hargirakis considera normal que el gobierno utilice los medios para su promoción institucional, pero que es necesario controlar los contenidos de la programación para evitar que la misma degenere en propaganda política. El control debe realizarlo la sociedad, porque es peligroso que quede en manos del gobierno o de los grupos de poder privados (Aguirre Durán, 2007).

No se trata poner a los medios a favor o en contra del gobierno, sino de garantizar la libertad de expresión e instituir una forma de periodismo al servicio del ciudadano, sin ningún tipo de supeditación a los grupos de poder o las reparticiones ministeriales.

5.3. Los principales medios de las organizaciones sin fines de lucro

La mayor concentración de medios corresponde a la Iglesia Católica, aunque no todos ellos tienen la misma política editorial. Las principales radios son FIDES y la cadena ERBOL (Educación Radiofónica de Bolivia), esta última dedicada a la atención de los problemas que afectan a los sectores sociales marginales y empobrecidos del país.

Las radios sindicales se han debilitado debido a la privatización, la relocalización de los trabajadores y la declinación de la actividad minera. En cambio, las radios comunitarias han alcanzado a casi la totalidad de las localidades del país, ellas poseen vínculos especiales con las ONGs y los movimientos sociales. A estos medios se debe agregar los institucionales (militares y universitarios).

6. Los “actores-países”

De acuerdo con T. Di Tella (1985: 140), al realizar un análisis del sistema político, en la mayoría de los casos, será necesario incluir actores que simbolicen los intereses de los países extranjeros que tienen suficiente influencia como para convertirse participantes del sistema político. De manera que “el actor ‘país extranjero’ representa el conjunto de intereses económicos, estratégicos y de política internacional de esa nación, usualmente expresados en sus gobiernos” (Véase fig. 3).

Una entidad decisiva en materia de políticas estatales es la embajada de los EEUU, “toda ella con derechos tácticamente adquiridos, reconocidos y temidos. ‘¿Qué dirá la Embajada?’ es una pregunta que siempre sale a relucir sotto voce en labios de altos tecnoburócratas…” (Bedregal, 2000: 22).

A lo que hay que agregar la influencia de algunos gobiernos latinoamericanos considerados aliados estratégicos.

Los efectos de la política de Hugo Chávez sobre los países de Latinoamérica, y especialmente sobre Bolivia, son difíciles de prever. Para políticos experimentados como Teodoro Petkoff, el proyecto político en cuestión es demasiado burdo para que sea imitado en democracias más sólidas como la brasileña, la chilena o la uruguaya (Mires, 2007: 154) Para otros, la retórica oculta una política acomodaticia cuyo discurso manifiesta una tensión entre la palabra y la realidad. La principal base de apoyo del proyecto venezolano es un modelo de producción petrolera basado en empresas mixtas. El discurso presidencial bloquea la discusión con el gobierno de los EEUU, país que ha aumentado tanto sus compras de petróleo como sus inversiones. Sin embargo, este discurso tiene efectos performativos, en tanto ha elevado la autoestima de los sectores populares (Coronil, 2007: 205).

IV. LOS NUEVOS ACTORES POLITICOS Y SUS ESTRATEGIAS

1. Los movimientos indígenas

Los estudios practicados en el continente muestran que las acciones colectivas indígenas se expresan en diversas formas, que van desde el estallido social hasta la negociación y la participación a través de las estructuras establecidas.

Las estrategias de las luchas étnicas suelen adoptar cinco modalidades (Bello, 2004: 122):

- el aislamiento, es la característica de las comunidades pequeñas y la más utilizada en el pasado;
- la acomodación, consiste en una forma de adaptación a la sociedad por la cual los miembros del grupo étnico participan en la vida económica y social;
- la estrategia comunalista combina la acomodación con el control de los asuntos comunales allí donde los grupos étnicos son mayoría;
- la autonomía cultural y política, que implica el control de todos los aspectos de la vida cultural: educación, medios de comunicación, etc., y las autoridades locales;
- los irredentismos, cuando comunidades étnicas divididas o fragmentadas en Estados separados, se proponen reunificar el territorio que antiguamente ocupaban.

En Bolivia, los movimientos étnicos tomaron por distintos caminos. En la revolución del 52, los quechuas que habían experimentado un largo proceso de mestizaje desde la época colonial, se incorporaron a los sindicatos oficiales, quedando el movimiento campesino bajo la tutela del MNR. Según Broke Larson, los campesinos quechuas pusieron en práctica diversas tácticas discursivas y alianzas políticas que les permitieron superar la fragmentación étnica y la polarización económica (Pajuelo Teves, 2004).

Con los aymaras no ocurrió lo mismo, grandes sectores étnicos disidentes se apartaron del Estado del 52 para “promover el desarrollo de su propia vida comunitaria, e impidieron la pérdida de sus parcelas de tierra y de sus formas sociales de convivencia social” (Sanjinés, 2005: 170). Dentro del comunitarismo aymara hay fracturas internas: Mientras el katarismo moderado de Víctor Hugo Cárdenas intentó combinar el modelo occidental con la naturaleza multicultural y plurilingüe, Felipe Quispe intenta desplazar al mestizo y subvertir las relaciones de poder (Sanjínes, 2005: 171-172).

Un problema vital para los movimientos campesinos es la relación entre el microcosmos social (la comunidad) y el macrocosmos (la sociedad). Por un lado un mundo pequeño, donde todas las relaciones sociales están personalizadas, que se pone en contacto con otros grupos pequeños; por el otro las relaciones entre ese mundo pequeño y el sistema social global (Hobsbawm, 1978: 35).

Por lo general, cuando los campesinos se organizan a nivel nacional, esto se debe a organizaciones exteriores al campesinado que articulan movimientos locales. Ellos suelen tener capacidad para juzgar la política local, pero tienen dificultad para comprender movimientos más amplios. Aquí se produce un fenómeno que está relacionado con lo que Goldmann denomina “estructuras significativas”, configuraciones que hacen que determinados mensajes puedan ser aceptados o no (Goldmann, 1965: 33-35). Por eso, tiene importancia el relacionamiento de las comunidades con partidos de tipo modular.

Sin embargo, el relativo aislamiento de las comunidades está siendo superado tanto por las transformaciones sociales que originan modificaciones en la estructura de los grupos, como por la acción de los medios masivos de comunicación.

A medida que el Estado se vuelve permeable a las demandas étnicas, que se van consolidando a través de conquistas concretas, van surgiendo nuevas dirigencias cuya cooptación termina debilitando al movimiento. (Zibechi, 2006: 212).

Levantando como bandera a las tradiciones, los movimientos indígenas adoptan distintas posiciones que van desde la pretensión de generalizar las estructuras del ayllu hasta la lucha por medidas más pragmáticas como el acceso a la tierra, a los mercados, los caminos, la salud y la educación. Es evidente que toda política destinada a la mejora de las oportunidades de los pueblos étnicos, y de los aymaras en particular, debe plasmarse en políticas diferenciadas que contemplen las estrategias de vida propias de los campesinos e indígenas.

Atravesando los pueblos indígenas también existen redes, algunas públicas y otras subyacentes, que ligan a ONG ambientalistas con organizaciones campesinas, movimientos indígenas de otros países, sindicatos y partidos políticos europeos. Estas redes se reproducen mediante vínculos forjados por intereses mutuos, conciencia y coyuntura política. Hay también redes de consultores, expertos y asesores quienes, sin ser indígenas, simpatizan con sus causas. De esta manera, las redes indígenas se articulan con otras, tejiendo alianzas, vinculándose con agencias estatales y recibiendo recursos de redes solidarias (Gustafson, 2004). Cada uno de estos nodos tiene diferentes proyectos políticos, los que no pueden meterse en un mismo cajón, por lo que coexisten formando parte de una trama compleja. Sin tener en cuenta este tipo de relaciones, es casi imposible comprender las prácticas políticas de los movimientos indígenas.

Los estados contemporáneos ya no responden con el etnocidio a las luchas indias para superar la exclusión. Por el contrario, ponen en práctica nuevas formas mediante las cuales asumen el respeto a la diferencia, tratando de que sean los propios indígenas los que se conviertan en agentes de integración. Ahora bien, esta política exige la formación de una capa de dirigentes separada de las comunidades que actúen como agentes de la integración (Zibechi, 2006: 213).

Una investigación llevada a cabo en el Ecuador puso al descubierto la relación que existe entre las ONGs y la proliferación de organizaciones de segundo grado (asociaciones, federaciones), ligadas a programas de desarrollo para los cuales gestionan la ayuda internacional. Se forma así una elite indígena de carácter tecnocrático, relativamente separada de sus bases y que compiten entre ellas por los beneficios de la cooperación. Las elites indígenas tradicionales, en cambio, tenían un carácter militante y un perfil político-reivindicativo (Zibechi, 2006: 214).

Se busca – en definitiva – que la asunción de la pluriculturalidad y el plurilingüismo no atenten contra la lógica de acumulación neoliberal (Zibechi, 2006: 214-215). En Bolivia puede ocurrir lo mismo, ya que los patrocinadores de la ayuda internacional son los mismos en todo el mundo.

Un claro ejemplo de paralelismo institucional es la Dirección de Educación Intercultural (DEIB) del Ministerio de Educación. En esa repartición, para encarar una nueva política educativa fueron convocados dirigentes de base del magisterio rural. Al ser interrogados acerca de su posición en el Ministerio, respondieron que ellos no rendían cuentas a las reparticiones ministeriales, sino a las distintas instancias de su organización, dado su carácter de “indígenas en funciones de gobierno” o “funcionarios indígenas” (Gray Molina, coord., y otros, 2007). A partir de las reformas municipales de los años 90, el país ha experimentado un lento proceso de “etnicización” de las instituciones locales. Las causas de este proceso son de dos tipos:

- la instauración de los distritos municipales indígenas y de las OTB, por parte del Estado; y
- las acciones de las organizaciones indígenas (especialmente las movilizaciones) que han posibilitado que sus miembros accedan a los concejos municipales y comités de vigilancia (Lacroix, 2007: 21).

En las esferas del gobierno nacional y del parlamento han ingresado representantes indígenas y campesinos, especialmente a partir de 1993. De manera que la presencia de estos sectores no ha cesado de aumentar a partir de ese año, incrementándose considerablemente luego de la fundación del MAS y del MIP.

La etnicización ha llegado al punto de que los políticos son calificados o descalificados, de acuerdo con la etiqueta étnica con la que han sido identificados. El discurso de las reivindicaciones indigenistas suele ocultar situaciones socioculturales intermedias en una sociedad muy móvil. La implementación de la Ley de Participación Popular ha abierto canales de ascenso social a través de los cuales los representantes de los indígenas han accedido a puestos electivos en los municipios y en el parlamento, y también a cargos ministeriales. Muchos de estos representantes son trabajadores intelectuales (maestros, abogados, etc.), y no precisamente campesinos.

Las luchas de las comunidades indígenas son el resultado de su historia y sus circunstancias. Ellas plantean un desafío a la sociedad que no puede ser resuelto recurriendo simplemente a la retórica. Sin embargo, no hay que olvidar que en esas comunidades, como en cualquier otra, hay conflictos internos, luchas por poder y por el control de los recursos. En éste, como en otros campos, no es conveniente tomar posiciones maniqueas a favor o en contra sin analizar cuidadosamente los hechos.

En lo que respecta a los movimientos indígenas del Oriente, además del fortalecimiento de la identidad de los indígenas, se intenta crear un instrumento para llegar a las altas autoridades y discutir de igual a igual con ellas. Por esa razón, pese a los conflictos internos, la CIDOB conserva su unidad.

La causa principal de la lucha es la tierra. Hay cuatro actores involucrados en este conflicto: los indígenas del Oriente, los colonizadores (quechuas o aymaras), los campesinos y pequeños empresarios, y las unidades empresariales de mayor dimensión.

Investigadores de la Organización Internacional del Trabajo han recomendado la adopción de un plan para erradicar el trabajo forzoso en todas sus formas. Este plan debería tener como centro a las poblaciones guaraníes del Chaco, en las actividades de la zafra de la castaña y el azúcar, pero se recomienda también la incorporación al plan de cualquier actividad económica en la que se compruebe la existencia de trabajo forzoso (Bedoya Garland & Bedoya Silva, 2005).

Cuadro N° 3. Percepción de aliados y adversarios por parte del movimiento indígena del Oriente.


Aliados: Adversarios
Iglesia Católica
ONGs
Medios de comunicación al servicio de las comunidades. Empresarios
Políticos
Administración Pública

La Iglesia es uno de los principales aliados del movimiento. Las ONGs son aliadas frente al gobierno y los empresarios, pero es cuestionado su papel de intermediarios en las relaciones con las financiadoras internacionales. Se ve con temor que ellas puedan terminar con sus oficinas bien montadas, en detrimento del dinero que necesita el movimiento para su funcionamiento (Suárez, 2002: 83).

En la disputa por la posesión de la tierra, los empresarios aprovechan sus contactos con los políticos y la burocracia pública (Suárez, 2002: 84).

En algunas comunidades (Urubichá, Gutiérrez), los indígenas tuvieron que acudir a la intermediación de los partidos para poder participar en las elecciones. Eligen, entonces, a sus mejores hombres en asambleas para luego negociar con los partidos su inclusión en las listas. Como resultado, las personas que fueron electas tuvieron que guardar una triple lealtad: a la comunidad, al partido y al electorado que los había votado. Esto no dejó de provocar tensiones (Lema y otros, 2000).

La gestión municipal se encuentra bajo una doble influencia: Una influencia vertical que refleja la dependencia de lo local con respecto a lo regional y lo nacional; y una influencia horizontal ejercida en el ámbito local por los actores políticos y sociales (Iglesia, empresas privadas, partidos políticos, ONGs, etc.).

La influencia vertical se traduce en las metas enunciadas por los líderes políticos y establecidas en la legislación, o bien encapsuladas en planes y programas específicos. En lo que respecta al proceso de planificación,

“...el planificador no presenta los resultados de la PP [Planificación Popular], sino su interpretación de ellos. Ello, por supuesto, no quiere decir que sea incoherente con la negociación que hubo con la población campesina. Sin negociaciones no hubiera habido interpretación del plan, pero significa, por definición, que […] la relación entre el equipo técnico y las familias campesinas, es entre desiguales, y que la influencia que puede ejercer el campesino sobre el texto del Plan está muy reducida” (Goudsmit & Blackburn, 2000: 44)

La influencia horizontal es generada por terceros actores.

“Líderes locales, distritales o regionales (funcionarios del partido, líderes tribales) cuyas bases de apoyo caen dentro de la jurisdicción [del municipio] y que esperan que los beneficios del programa estén dirigidos hacia ellos mismos o hacia sus grupos de apoyo. Elites locales (comerciantes, hombres de negocios, el clero, intermediarios comerciales) son otros actores con los que [el municipio] debe tratar cuando consideran amenazados sus intereses” (Grindle 1980; Citado por Campero & Gray, 2001).

El manejo de abundantes recursos naturales por parte de los indígenas está postergado debido a la lucha por lograr la titulación colectiva de sus TCO (tierras comunitarias de origen). Además, la superposición de “áreas protegidas”, concesiones forestales y TCO son un asunto que pone a prueba la capacidad de los gobiernos municipales.

“Existen serios conflictos de superposición de derechos de uso entre algunas TCO y determinadas concesiones forestales” (Urioste, 2000; 91).

También hay superposición entre las áreas protegidas, las TCO, concesionarios forestales, estancias ganaderas y empresas mineras (Ibisch y otros, 2002; 59).

Las demandas de nuevas TCO han creado conflictos entre los indígenas y el resto de los actores sociales.

“En general, la superficie en tenencia y en demanda de las propiedades privadas y familiares es mucho mayor a la de las comunidades y asociaciones”.

“Las organizaciones locales tienen un fuerte accionar reivindicativo pero su capacidad de colaboración interinstitucional es débil. También se ha podido observar una cierta separación entre los representantes y sus bases” (Ibisch y otros, 2002; 59).

Pese a la persistencia de prácticas patrimonialistas y clientelares, se han realizado esfuerzos para mantener prácticas de coexistencia:

“Tanto pueblos indígenas como hacendados ganaderos y en menor medida empresarios agricultores, madereros e inclusive barraqueros, se esfuerzan por mantener normas pacíficas de convivencia y de mutua tolerancia. Saben que tienen que convivir y compartir espacios territoriales y recursos naturales. Obviamente esta visión tolerante entra rápidamente en conflicto cuando los recursos se hacen escasos y la correlación de poder se altera. Particularmente cuando los pueblos indígenas hacen valer su derecho preferente al uso de los recursos naturales de la tierra y bosques de su territorio" (Urioste, 2000; 82).

Los indígenas son conscientes de la importancia de tener los títulos de propiedad de sus TCO, pero no parecen advertir las dificultades que supone la administración de esos territorios, “la práctica de ese derecho en la vida cotidiana del uso familiar y grupal de esos recursos y la interacción con actores sociales y económicos externos” (Urioste, 2000; 82); aunque esta preocupación está muy presente en algunos dirigentes..


2. Los medios de comunicación

Sartori (1998: 71-72) afirma que la gente cree en lo que ve. La fuerza de la imagen es tal que pasa a ser autoridad con la televisión, pero puede estar descontextualizada o bien ser el resultado de un montaje. La imagen depende siempre de la interpretación. La televisión desplaza a los líderes de opinión, y esto reviste cierta gravedad, porque los miembros de las capas populares, en su inmensa mayoría no compran periódicos aunque están expuestos a la televisión y a la radiofonía.

Los expertos advierten con preocupación que en Bolivia “algunos canales de televisión asumen posturas alineadas a determinadas corrientes y estructuran las noticias desde una perspectiva que refleja intereses políticos y económicos específicos, hasta llegar a ser premeditadamente distorsionadores […] Los medios ponen ‘gasolina al fuego’ a través de coberturas desequilibradas con desviaciones evidentes en la interpretación de los acontecimientos” (IMS, 2007); aunque a los medios impresos se les reconoce una gestión más responsable de la tarea informativa.

La manipulación de la información se efectúa mediante el sobredimensionamiento de ciertos temas y, en otros casos, mediante el registro de parcelas de una situación o la concentración en unas pocas fuentes de información. En la medida en que una noticia o una opinión es publicada en distintos medios, queda en el ciudadano la idea de que no puede dejar de ser verdadera si todos dicen lo mismo.

Los noticieros mezclan la información con la opinión sin mayores miramientos. Los programas de opinión son invadidos por ex-ministros, ex-rectores, políticos, abogados, médicos y psiquiatras que pontifican sobre los más diversos temas. Con frecuencia, “ese conjunto de personajes se dedica todos los días a crear un clima de confrontación e incertidumbre, porque lo que dicen es violento, es negativo [creen] que ellos tienen la verdad y fuera de sus intervenciones nada sirve” .

Los periodistas agremiados sugieren que dichos espacios deben ser recuperados por periodistas comprometidos con su misión, aunque no falta quienes afirman que a los periodistas les faltan conocimientos para analizar y valorar los hechos . Sin embargo, lo más preocupante es la gravitación de factores extra-periodísticos que se traducen en argumentos del tipo “si los hago discutir vendo o gano más” o “mi patrón quiere que se caiga el gobierno” (Aré, cit. por IMS, 2007).

No se puede seguir pensando que los medios son simples intermediarios entre los acontecimientos y los actores de la vida política; ubicados en el centro de la conflictividad, ellos son actores de la dinámica del poder. Sus narraciones implican decisiones de inclusión/exclusión de sucesos y protagonistas; y también sobre el orden jerárquico de los temas, el enfoque y la intensidad con que serán presentados al público (Torrico Villanueva, 2007).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su 63ª Asamblea, denunció la existencia de un “clima antagónico y agresivo” contra la libertad de prensa, debido principalmente a tres causas:

- Las expresiones del Presidente de la Nación contra la prensa boliviana ;
- Los ataques de partidarios del gobierno, que se encontraban formando parte de manifestaciones contra periodistas que trabajan en determinados medios de prensa; y
- La acusación del Ministro de la Presidencia contra columnistas de los periódicos, tildándolos de recibir pagos de una agencia norteamericana (SIP, 2007).

En cambio, la organización Reporteros sin Frontera (2007) en la clasificación mundial de la libertad de prensa, para el año 2007, ubica a Bolivia en el puesto 68, antes que Argentina (82), Brasil (84) y Paraguay (90), por ejemplo. No obstante, la organización aclara:

“El año pasado Bolivia (68) experimentó una repuntada espectacular. Desgraciadamente parece que se trató de un simple reporte coyuntural, y este año ha vuelto a perder muchos puestos a causa de serias violaciones de la libertad de prensa”.

Como se puede apreciar, no hay una total coincidencia en las evaluaciones.

Con la concentración de la prensa, la libertad de expresión se redujo en el derecho de los grandes editores a manipular la formación de la opinión pública. El Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana considera que la libertad de prensa no sólo protege la libertad empresarial, sino también la libertad de opinión:

“Los argumentos se aclaran cuando se habla y se contesta, adquieren contornos nítidos y facilitan al ciudadano la formación del juicio y la decisión. En la democracia representativa, la prensa es el órgano de control y de conexión entre el pueblo y sus representantes en el parlamento y en el gobierno…” (Cit. Por Kriele, 1980: 477).

En aquellos países donde las leyes impiden la concentración de la prensa o impiden que ésta caiga en pocas manos, limitan la libertad del editor, pero lo hacen para mantener la libertad y la democracia (Kriele, 1980: 477).

Los expertos opinan que, si la sociedad no desea que el Estado ejerza la vigilancia sobre los medios, es aconsejable la creación de un Consejo Nacional de Televisión y un Consejo de Ética Publicitaria; aunque éstas son soluciones factibles, no son suficientes. Los medios, en forma individual, tendrían que adoptar sus propios códigos de ética, para que queden asegurados el pluralismo, la imparcialidad y la protección de lo menores. Al mismo tiempo, quedaría protegida la vida privada de las personas y se darían normas acerca de un tratamiento adecuado a los temas de sexo y violencia (Grebe, s/f).

Afortunadamente, en Bolivia, se han puesto en práctica algunas iniciativas: la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) decidió crear un Tribunal de Ética, en calidad de mecanismo de regulación, para precautelar el cumplimiento de los principios éticos y aumentar la credibilidad y confiabilidad de la sociedad en la prensa. Entre otros puntos, el nuevo código de ética de la institución establece que, para publicar una noticia,

“ésta debe estar exenta de la opinión de los periodistas y que deben estar claramente diferenciados los sectores editorial, de opinión, de información y de publicidad en los medios escritos”.

Al mismo tiempo, los veintiocho miembros de la ANP se comprometieron a crear un tribunal de ética de primera instancia en cada una de sus organizaciones. Otra medida de importancia es la fundación del ONADEM (Observatorio Nacional de Medios), integrado por funcionarios de las facultades de comunicación de las universidades del país, con el auspicio de la Fundación UNIR.

3. El CONALDE

La Constitución Política del Estado vigente establece que es atribución del presidente de la nación el nombramiento de los prefectos de los distintos departamentos. Una ley obtenida por la presión de los movimientos regionalistas, en los gobiernos anteriores, señala que el presidente deberá “seleccionar” como prefecto al candidato más votado, por simple mayoría, en las elecciones departamentales. De esta manera, se introduce en la estructura orgánica del poder ejecutivo un cargo cuyas atribuciones, así como su aparato administrativo, no han sido rediseñados, manteniéndose las atribuciones establecidas para un estado unitario parcialmente descentralizado. De esta elección surgieron nueve prefectos, algunos procedentes de los partidos nacionales y otros de agrupaciones ciudadanas locales.

Junto con la elección del prefecto se llevó a cabo un referéndum acerca de la autonomía con carácter vinculante a nivel departamental, triunfando el SI en cinco departamentos (Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija) denominados la “media luna” por su configuración geográfica.

Dada la situación de debilidad de la clase política, los prefectos de la “media luna”, opositores al gobierno, han asumido un rol protagónico y han fundado el Consejo Nacional Democrático (CONALDE), constituyéndose en los principales líderes de los movimientos regionalistas, contando con el apoyo de los comités cívicos departamentales y gran parte de los sectores medios urbanos. A ellos se unen los prefectos de Cochabamba y La Paz (departamentos donde el electorado votó por el NO a la autonomía).

En momentos en que se escriben estas líneas, los prefectos han convocado a referendos para someter sus proyectos de estatuto al electorado. Acto que es considerado ilegal por la Corte Nacional Electoral, pero respaldado por las cortes electorales con el apoyo de los respectivos colegios departamentales de abogados.

El estatuto elaborado por la dirigencia del movimiento regionalista cruceño le atribuye al futuro gobierno departamental 53 competencias exclusivas, “en las que nadie tendrá ningún poder de intervenir, menos de fiscalizar o vetar, y en caso de iniciarse un proceso ante la justicia, no existirá otra instancia judicial que no sea la departamental, porque todo nace y muere en el gobierno central autonomista” .

Un grupo de intelectuales independientes, puestos al margen de la polarización, han realizado propuestas para modificar los “excesos e incongruencias” del proyecto de constitución elaborado por la Asamblea constituyente, y también para modificar el proyecto de estatuto autonómico e impedir la concentración de la mayoría de las decisiones en el futuro gobierno departamental .

También se han realizado esfuerzos para lograr la compatibilización de los estatutos autonómicos con el proyecto de la Asamblea Constituyente, a través de un estudio comparativo en el cual se exhorta a las partes que realicen los máximos esfuerzos en procura de un gran acuerdo nacional (Börth y otros, 2008).

4. Una muy peligrosa confrontación

En este tipo de escenarios, toda reivindicación (cualquiera fueren los demandantes) es el resultado de un sistema de fuerzas, y los actores intransigentes dispuestos a llegar “hasta las últimas consecuencias” se revisten de mayor prestigio. El diálogo es buscado para hablar, pero no para escuchar, y se practica una forma de negociación forzada, en la que se ejerce la máxima presión para obligar al adversario a firmar un acuerdo que muchas veces no se puede cumplir. Luego, el actor demandante podrá hablar de incumplimiento o de doble moral, para debilitar a su adversario (Laserna y otros, 2006: 34).

Hay momentos en los que se practica más la negociación entre corporaciones; mientras que, en otros, los conflictos se manifiestan con huelgas, paros, bloqueos de caminos y toma de reparticiones públicas.

Los distintos grupos ganan su derecho de acceso a las rentas originadas en los recursos naturales, y en general medidas gubernamentales favorables, mediante las presiones callejeras; cuyas acciones se consideran más heroicas, cuanto más violencia se emplee en ellas y aunque no se le oponga resistencia alguna.
Existe la idea de que cada sector o región puede desacatar las medidas de gobierno o imponer sus propios proyectos políticos. A lo que se agrega el presunto derecho de agredir a la comunidad (a terceros no involucrados en la disputa) mediante bloqueos, paros y otras medidas de fuerza. Con la excusa de que el presidente debe gobernar para todos, se supone que el gobierno debe “concertar” sus resoluciones con los sectores afectados por sus políticas; lo que implicaría una suerte de cogobierno que impide cualquier reforma. Se va imponiendo, entonces, la idea de que las leyes no se cumplen sino que se negocian.
Se disfrazan las demandas particulares como si fueran generales y altruistas. Se presume que las manifestaciones callejeras expresan la voz del pueblo y no la expresión de grupos y sectores. Mussolini reunía a doscientas mil personas en la Plaza Venezia, representando el papel del pueblo. Desde luego que estas concentraciones no eran discutibles porque fueran masivas, sino porque no se permitían manifestaciones de signo opuesto (Eco, 2007: 170).

Sin embargo, es necesario señalar que no todas las protestas merecen el mismo amparo jurídico (Gargarella, 2008). Se debe examinar, en cada caso, qué alternativas razonables tiene el grupo que protesta para hacer conocer a los demás –especialmente al gobierno- la situación que padece y el derecho que da razón a sus demanda. Todos los grupos y sectores tienen derecho a protestar.

Las reglas de juego de una democracia implican el derecho a la manifestación del descontento, las huelgas sectoriales y el recurso a la justicia, pero no sabotear mediante mecanismos no institucionales una política pública de un gobierno legítimo (Etechemendy y Klisberg, 2008).

Pese a ello, muchos ciudadanos aceptan los perjuicios que les causan las medidas de presión, soportando marchas amenazantes y violentas o la pérdida de los bienes que transportan, por considerar que el objetivo perseguido por los manifestantes es justo y legítimo. La mayoría silenciosa es, en gran medida, una mayoría condescendiente, que al callar otorga razón (Laserna y otros, 2006: 99).

Hay situaciones donde la oposición, incluidos los medios, parecen alegrarse ante el desgaste gubernamental, aunque esto ponga en duda la viabilidad del Estado. Es preferible que se hunda el barco antes de que gane puntos el adversario . Es necesario que ambas partes tengan en cuenta que el futuro del país depende de la resolución pacífica de las grandes contradicciones que han generado el subdesarrollo y la pobreza; y que lo que está en juego es la suerte del país, y no el triunfo o la derrota del actual gobierno nacional.

La política del gobierno se dirigió hacia tres aspectos principales: recuperar para el Estado el control de las empresas petroleras; proponer una nueva Constitución Política del Estado, para terminar con la discriminación social y cultural, y asegurar la propiedad estatal de los recursos naturales no renovables; y además profundizar la reforma agraria tratando de eliminar los latifundios improductivos para facilitar el acceso a la tierra a los campesinos. La eficiencia administrativa y la estrategia con la que se llevan a cabo estos procesos es harina de otro costal.

Una de las estrategias más usadas por el gobierno fue la donación directa a los municipios de dinero procedente del gobierno venezolano con destino a la financiación de obras públicas. También se efectuaron campañas de alfabetización y de atención médica gratuita con la ayuda de profesionales cubanos y venezolanos.

Cuando la oposición trató de restar quórum para frenar las decisiones parlamentarias (como en el caso de la reconducción de la reforma agraria), el partido mayoritario convocó a los parlamentarios suplentes de la oposición. En otras circunstancias, miembros de los movimientos sociales rodearon el edificio del Congreso impidiendo el acceso a algunos parlamentarios de la oposición, para evitar su participación en las decisiones.

En la Asamblea Constituyente, la oposición intentó bloquear todas las iniciativas de la mayoría. Su único interés era la aprobación de las autonomías departamentales. Cuando abogó por el tratamiento del tema del traslado de la sede de los poderes ejecutivo y legislativo a la ciudad de Sucre, algunos de los representantes del MAS se aliaron con ella y e gran parte de la población de esta ciudad marchó contra la Constituyente, obligándola a sesionar en instalaciones del liceo militar.

En diversas oportunidades, los prefectos del CONALDE han cuestionado y desacatado disposiciones del gobierno nacional, recurriendo a la realización de marchas, cabildos y bloqueos, “legitimados” por interpretaciones jurídicas de los colegios de abogados y connotados jurisconsultos de cada departamento.

Alegando fallas procedimentales, la oposición desconoce el proyecto elaborado por la Asamblea Constituyente, y se considera con facultades para elaborar sus estatutos autonómicos (de acuerdo con sus propias reglas procedimentales), conformándose proyectos que no se ajustan ni a la Constitución vigente, ni al proyecto de la Asamblea Constituyente.

La oposición cuenta con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación, especialmente, la televisión. El gobierno carece de una estrategia fuerte en esta materia, utilizando más el spot que planteamientos discursivos.

Cada uno de los polos posee la hegemonía en determinadas áreas geográficas donde tienen capacidad de movilización mayor a la de sus adversarios, así como grupos de choque con armas contundentes y, en algunos casos, con armas de fuego.

En su área de influencia, la oposición utilizó movilizaciones con gente procedente –principalmente, pero no exclusivamente- de los sectores medios urbanos, con gran repercusión mediática, tratando de impedir (por diversos medios) la movilización de los sectores populares favorables al gobierno. El gobierno cuenta con el apoyo de los denominados movimientos sociales

El conflicto en Bolivia se encuentra en una etapa donde las partes se han distanciado: La comunicación se limita a la emisión de amenazas. Cada parte se percibe a sí misma como los buenos y al adversario como los malos, lo que puede utilizarse como justificación de acciones violentas. El conflicto es visto como un juego de suma cero, donde lo que uno gana es lo que pierde el otro. Las relaciones expresan la mutua desconfianza y los rígidos estereotipos con los que cada contendiente ha estigmatizado al adversario.

Las fuerzas sociales están orientadas hacia dos polos: el MAS y la prefectura de Santa Cruz. Sin embargo, ni los movimientos regionalistas ni los movimientos sociales son homogéneos y en el interior de ambos pueden encontrarse diversas posiciones

Un sociólogo boliviano realiza una descripción que, aunque un tanto “impresionista”, describe una situación que se aproxima al modelo de Galula:

“Considero que una buena parte la población está tomando simpatía por un bando o por el otro, ya sea por el que representa a la ‘media luna’ o al gobierno, pero todavía no estamos participando de manera activa y por iniciativa propia. Obviamente, vemos manifestaciones y marchas, pero tanto el gobierno como los cívicos organizan a determinada gente para que se movilice, no es el conjunto de la sociedad. Sin embargo, es cierto que en la medida en que la polarización se profundiza, estos conflictos sociales penetran los hogares e influyen en las libertades individuales y el hogar deja de ser un espacio privado y se convierte en lugar de pugna” (Carlos Soria, “La gente hace su vida”, En diario El Deber (16-12-07).



Cuadro N° 4 Encuesta sobre la intención de voto en los referendos sobre la Constitución Política del Estado (CPE) y el estatuto autonómico en el departamento de Santa Cruz (N= 603)
Resultados %
Han leído el proyecto de CPE 9
Rechazan la CPE 48
Votarían por SI a la CPE 16
Votarán por el SI al estatuto autonómico 73
Han leído el estatuto autonómico 15
Conocen la pregunta sobre el estatuto autonómico 40
Fuente: Captura Consulting. El Deber (14-04-08)
Notas: Cabe señalar que el 15 % aprueba el proyecto de CPE y sólo el 48% lo rechaza, mientras el 35 % declara que votará en blanco o bien que No sabe/ No responde.

En el cuadro N° 4, se puede apreciar que el alto porcentaje que votará por el estatuto autonómico (73%), y el bajo porcentaje de quienes lo han leído (15%). Esto supone que los encuestados votan por la autonomía frente al centralismo, sin considerar los contenidos del estatuto. También se puede apreciar la diferencia entre quienes conocen el contenido del proyecto de CPE (9%) y de quienes lo rechazan (48%).

La falta de debate y el hecho de que las lógicas de los polos apelan a sentimientos fundamentalistas han dado como resultado el que estemos frente a votos más emocionales que racionales.

La propaganda política que se basa en alimentar los sentimientos fundamentalistas es la clave del éxito de movilizaciones políticas que se basan en la construcción de entidades monolíticas:

“Todos los q’aras son perversos, explotadores y dominantes, y que por su culpa estamos donde estamos, mientras que los indígenas son los explotados, los buenos, los no corruptos, las víctimas. Ese mismos esquema se repite en la dinámica regional: el centralismo en algunos caso, y la población colla y norteña en otros, convertida en la causa de todos los males históricos del país” (Barragán, 2005: 10).

El victimismo es una forma utilizada para mantener la cohesión del propio bando, de esta manera se denuncia una y otra vez que los otros nos odian y que quieren perjudicarnos por todos los medios. Las dos posiciones se perciben en blanco y negro, todo lo malo viene de afuera y todo lo bueno de adentro. En situaciones de este tipo, “hay una serie de pasos en pos de la polarización: demonizar al adversario, transformarlo en enemigo con el cual no es posible transacción alguna y debilitar los espacios institucionales en los que se podrían negociar intereses encontrados. En última instancia, se busca enfilar a los bandos divididos, así como a sus sectores de apoyo, hacia una prueba definitiva de fuerzas, y que ello culmine con un ganador y un perdedor netos” .

La situación es descrita con dramatismo en un periódico paceño:
“Camiri, Oruro, San Julián, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Huanuni, linchamientos, coerción armada (huelgas de policías), contrabando, narcotráfico, corrupción, tomas de tierras, ocupación de concesiones, instigación oficial a la violencia, intromisión política de las Fuerzas Armadas, violación de soberanía aérea, inseguridad ciudadana, especulación de precios, coerción policial, huelgas, bloqueos, cabildos, censuras municipales, procesos eleccionarios, tomas violentas de entidades públicas, y otras formas de expresión de la anomia estatal se encuentran presentes cada día en la mayor parte de las noticias nacionales, regionales o locales” .
El gobierno ha pedido la mediación de la Iglesia, la OEA y los gobiernos de los países vecinos, sin que hasta ahora las partes hayan aceptado iniciar el diálogo.



V - CONCLUSIONES

Acerca de los países que intentan realizar transformaciones sociales en democracia, dice Ernesto Laclau:

“Toda política tiene que girar dentro de dos polos: el de la movilización, que es el populista, y el de la institucionalización, que es el de la estabilidad. Si un régimen se mueve exclusivamente en el […] instituticionalismo, ignorando la movilización de masas, eso lleva a un régimen anquilosado, que tarde o temprano, tendrá consecuencias autoritarias. Por otro lado, si se producen sólo movilizaciones y agitaciones, sin que se considere la aplicación institucional, tampoco producirá una situación estable. En síntesis, hay que buscar el equilibrio. La democracia es eso, el equilibrio que se debe mantener entre esas dos políticas” (Laclau, 2008: 32).

En el mundo contemporáneo, las fuerzas sociales se expresan a través de grandes organizaciones. En las modernas poliarquías, el poder de una organización se contrapesa con el poder de otra u otras, en tanto éstas no tienen siempre los mismos intereses. Claro que, en casos extremos, las organizaciones pueden recurrir a su poder de veto . Estos contrapesos permiten que se abran fisuras, las cuales hacen posible que los ciudadanos de a pie puedan moverse en libertad y hacer valer sus derechos. De manera que, estas expresiones de neocorporativismo, complementan el modelo republicano institucional establecido en la constitución (Dahl, 1974).

En Bolivia, la concentración del ingreso, de la tierra y de los medios de comunicación no es funcional para el establecimiento de una política tendente a reducir la desigualdad y eliminar la exclusión social.

El alto grado de polarización política - característico de la coyuntura actual - contribuye al mantenimiento de los mecanismos delegativos, las interconsultas reservadas a la cúpula dirigencial y el “secreto de estado”.

La tabla N° 5 contiene un conjunto de indicadores que señalan la posibilidad de que un país sufra conflictos violentos. Los nueve ítems están presentes en Bolivia.

Cuadro N° 5. Indicadores de riesgo de conflictos violentos
(Conflict Analysis Framework)

Indicadores
Definición
N° Nombre
1 Historia del conflicto Si un país ha experimentado conflictos violentos en los últimos 10 años, la posibilidad de repetición del conflicto es alta
2 Ingreso per capita Los países con bajo per capita tienen una mayor probabilidad de sufrir conflictos violentos.
3 Exportación de materias primas Los países que exportan materias primas con una alta dependencia de las mismas, tiene un riesgo más alto de experimentar conflictos.
4 Inestabilidad política Cuando el gobierno no puede controlar determinadas zonas del país y hay frecuentes reestructuraciones del Estado, se incrementa la posibilidad de conflicto armado.
5 Negación de los derechos civiles y políticos Si los derechos políticos y civiles son negados o sistemáticamente violados, aumenta la posibilidad de que los grupos
Expresen sus opiniones recurriendo a la violencia.
6 Militarización Si hay altos grados de defensa en proporción a la población y si existen grupos civiles armados, pueden surgir conflictos violentos.
7 Dominación étnica Cuando un grupo étnico controla las instituciones políticas y económicas, hay un alto riesgo de que exista un conflicto armado.
8 Conflictos regionales activos Los conflictos regionales activos pueden tener un efecto “en cascada”, la inestabilidad política aumenta y también la probabilidad de que estalle un conflicto violento
9 Desempleo juvenil El desempleo juvenil, especialmente de los varones, aumenta la frustración social haciendo que los desempleados respondan a las organizaciones militantes.
Fuente: “The Conflict Prevention and Reconstruction Unit has developed a Conflict Analysis Framework (CAF)” [lnweb18.worldbank.org/.../$FILE/CPRNotes5-web.pdf ].

Los sectores populares permanecen fragmentados y débilmente organizados. La adquisición del ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos requiere que sus miembros ingresen en un proceso donde se aprende participando, y donde se participa mejor cuánto más se aprende. En esto consiste precisamente el desfase entre el “pueblo” y la “sociedad civil”.

Las protestas callejeras son eficaces para que los movimientos sociales se hagan escuchar, pero para promover los intereses de la gente es necesario fortalecer y renovar las instituciones.

Hay una estrecha relación entre medios de comunicación y democracia. Estos pueden obstaculizar o facilitar el paso de una democracia delegativa a una democracia participativa y comunitaria. La guerra mediática para ganar el corazón y la mente de la gente termina confundiendo al espectador e impide la construcción de la esfera pública.

La adopción de nuevas leyes, incluso el cambio de la constitución y hasta la misma rebelión social, no es suficiente para que se produzcan las transformaciones necesarias para profundizar la democracia. Un registro de suma importancia es la falta de una cultura democrática.

La implementación de mecanismos de participación eficaces no será viable si la acción política partidista continúa teñida de clientelismo y prebendalismo, y mientras la política sea vivida bajo la lógica amigo-enemigo.

El conflicto se manifiesta a través de tensiones acerca de la concentración del poder (entre los diferentes polos en pugna) o en la distribución del mismo en diferentes instancias institucionales. De la manera en que se resuelva este conflicto, dependerá la futura relación entre Estado y Sociedad.

La transformación de la situación bipolar exige el refuerzo del Estado de Derecho, la ampliación de los espacios de deliberación, fomentar la participación política y la convivencia ciudadana, evitar el oportunismo y buscar políticas factibles de justicia social.

Estas tareas difícilmente serán impulsadas por las elites, aunque podrían ser promovidas por algunas personas o grupos emprendedores salidos de ellas, que se sumarían a otros procedentes de las diversas capas de la sociedad. Aquí hay que hablar – como dice J. Prats– de liderazgos y no de líderes, pues no se trata de personas con carisma sino de liderazgos transformadores.

La democratización de la sociedad tiene como pre-condiciones (aunque no son las únicas) la capacidad ciudadana para fiscalizar las actividades gubernamentales, y el incremento del poder ciudadano para responsabilizar a funcionarios e instituciones públicas.

Hay tres conceptos que son clave para fortalecer el control del ciudadano sobre la gestión gubernamental:

- El término transparencia señala el deber del funcionario de exponer y someter a escrutinio la información relativa a su gestión: manejo de recursos, criterios de decisión, conducta de los subalternos, etc.
- El concepto apertura (openes) se refiere a garantizar al ciudadano su derecho a participar en los procesos decisorios relativos al interés público.
- El término accountability es traducido como “responsabilidad”, pero se refiere al deber del funcionario de no causar perjuicios al patrimonio que le ha sido confiado (Vila De Prado, 2002: 57-58).

La forma particular que va adquiriendo el conflicto coloca a las TIC, al igual que a los medios de comunicación masiva convencionales, en el rol de instrumentos al servicio de las causas que sostienen las partes involucradas, perjudicando al derecho a la información. Desde luego que hay excepciones, pero el ciudadano que soporta sobre sus espaldas la pesada de carga de la lucha por la vida, debe invertir tiempo (y a veces dinero) para acceder a la información que le interesa. Por otra parte, el descrédito de los partidos y de los mismos medios, así como la complejidad técnica de algunas de las cuestiones en debate, contribuye a crear una suerte de desafección hacia la política, característica de nuestro tiempo.

En estas condiciones, es poco lo que pueden hacer las TIC para transparentar la situación política, y hacer viable la participación del pueblo en las decisiones públicas y la fiscalización; pues se torna imposible la deliberación, la transparencia y la generación de procesos de ciudadanización.





Fig. 1. Modelo del conflicto polarizado.












Fig. 3 Actores políticos








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